Guardiola pide que el sistema de financiación garantice el «acceso en igualdad» a los servicios públicos

   En su intervención tras este encuentro, María Guardiola ha destacado que el Gobierno extremeño espera «desde hoy la respuesta en forma de acción del Gobierno» central, que espera que sea «lo más inmediata posible», ya que «la preocupación de la sociedad extremeña y española por los asuntos que finalmente se incluyeron en el orden del día tiene que ser atendida».

   Así, la presidenta extremeña ha considerado que «el concierto separatista catalán ha sido el delirio final de una política secuestrada por el nacionalismo, por el independentismo y por la aritmética parlamentaria», por lo que ha reafirmado que «Extremadura se rebela contra el uso partidista y personalista» de las instituciones del Estado.

    Por este motivo, Guardiola ha solicitado en la Conferencia de Presidentes de este viernes una «reforma del sistema de financiación autonómica», ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no ha cumplido aún con su deber constitucional de presentar un modelo que «asegure la suficiencia de recursos a las autonomías y el acceso en condiciones de igualdad de todos los españoles a los servicios públicos, independientemente del lugar en el que viva».

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez «sí ha tenido tiempo para menospreciar al conjunto de autonomías con acuerdos bilaterales, opacos y asimétricos», y ha cedido recursos «de todos los españoles, a un territorio que no es el titular de éstos», ha criticado.

«Si continúa por ese camino de servidumbre va a acabar con nuestro modelo de organización territorial», ha advertido Guardiola, quien ha lamentado que Pedro Sánchez lo hace «por una única causa, sobrevivir, mantenerse, resistir».

Así, Guardiola ha criticado que ni el concierto separatista catalán ni el principio de ordinalidad «tienen espacio en nuestra Constitución», mientras «los españoles no están accediendo a los servicios públicos en condiciones de igualdad».

SERVICIOS PÚBLICOS EN IGUALDAD

Ante esta situación, ha recordado que Extremadura tiene una superficie de 41.634 kilómetros cuadrados, 388 municipios y un millón de habitantes, por lo que alertado de que si el sistema de financiación autonómica «solo se valora la variable población, que es lo que ocurre ahora al 97%, no se está midiendo adecuadamente el coste de la prestación de los servicios públicos en regiones» como la extremeña.

Por eso, Guardiola ha instado a valorar el coste que supone prestar los servicios públicos en regiones como Extremadura, ya que según ha dicho, «está demostrado que en los territorios con más bajo nivel de ingresos hay una mayor demanda de los servicios públicos», por lo que ha recordado a Pedro Sanchez su «obligación constitucional de gobernar para todos, de reparar desigualdades y de no conceder privilegios».

Por todo ello, Extremadura ha reivindicado que «el Estado no ceda impuestos a un territorio que no es el dueño de éstos, porque hacerlo supone acabar con los recursos de la Hacienda estatal y romper nuestro modelo de organización territorial», ha advertido Guardiola, quien ha llamado al «respeto constitucional y lealtad institucional».

FALTA DE PROFESIONALES SANITARIOS

En materia de sanidad, María Guardiola ha alertado de que «faltan profesionales sanitarios y quien más lo padece es la ciudadanía rural», ya que «es difícil fidelizar plantillas sanitarias en lugares que están muy alejados de los grupos urbanos».

Según ha calculado, Extremadura necesitará más de 600 médicos al término de la legislatura para cubrir el relevo generacional y adolece ya que falta de especialistas, y aunque la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un plan de retención de profesionales saniarios, «no es suficiente».

Guardiola ha reivindicado que Extremadura necesita «un mayor compromiso por parte del Gobierno central para que aumente el número de plazas en la Facultad de Medicina», así como un plan de choque «para que la asistencia no se vea afectada por las jubilaciones previstas», y que se agilicen las homologaciones de los médicos extracomunitarios para que puedan incorporarse cuanto antes al Sistema Nacional de Salud.

«FRACASO» DE LA LEY DE VIVIENDA

Finalmente y en materia de vivienda, María Guardiola ha señalado que les «sorprenden» y «alertan» las acusaciones del Gobierno a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con el objetivo de «culparlas por el fracaso de una ley» que, según ha dicho, «lo que ha hecho es encarecer los precios de las viviendas y disparar el de los alquileres».

Para la presidenta extremeña, el Gobierno central y sus socios «legislan con demasiados prejuicios, sin un diagnóstico previo, sin diálogo», por lo que las consecuencias son «leyes inútiles, despegadas de la realidad y cuyos efectos son siempre impredecibles».

Guardiola ha considerado que «la oferta de vivienda pública en Extremadura es insuficiente», por lo que ha pedido al presidente que el Gobierno «actúe con diferentes medida», como poner a disposición suelo público para construir viviendas y que el Estado financie su construcción.

También ha pedido Extremadura que «se estimule la colaboración público-privada para que sea rentable la construcción de nuevas viviendas» y, además, que se financie la rehabilitación de viviendas que están vacías «pero que no están disponibles para entrar en el mercado y poder convertirse en hogares».

María Guardiola ha asegurado que las comunidades no pueden «hacerlo todo a pulmón», ya que están «trabajando con muy pocos recursos, sin embargo, estamos tratando de dar respuesta», y de hecho, ha apuntado que en Extremadura se ha firmado en el último año la próxima construcción de 97 viviendas en una veintena de municipios, frente a las 244 viviendas construidas en España por el Ejecutivo central.