Urge que defina las directrices y criterios comunes para elaborar los planes de prevención que emanaron del Real Decreto Urgente aprobado el año pasado.
Greenpeace insta al Gobierno a comprometerse con la prevención de incendios forestales con la creación de un fondo presupuestario dotado con 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional.
En el informe ‘Grandes Incendios Forestales. Ante incendios de alta intensidad, la gestión forestal es urgente’ presentado este miércoles, la ONG analiza el compromiso de las distintas administraciones públicas para prevenir los incendios forestales, el cumplimiento de la normativa para las zonas de Alto Riesgo (ZAR) y la inversión en gestión forestal.
Así, Greenpeace pide al Gobierno que defina las directrices y criterios comunes para elaborar los planes de prevención que emanaron del Real Decreto Urgente aprobado el año pasado, que refuerce las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF) y que mejore el acceso a la información para fomentar una cultura forestal que tenga como pilares la transparencia y la participación de todos los actores sociales.
Además, el estudio reclama también a las comunidades autónomas que prioricen los recursos para ordenación y gestión de las masas forestales en titularidad pública, así como crear iniciativas para dinamizar al propietario privado.
En ese sentido, pide avances prioritarios para cumplir con la planificación de prevención y emergencias que marca la Ley de Montes y la directriz básica de Protección Civil y en particular insiste en esta petición a las regiones del noroeste, ya que Greenpeace considera que Cantabria, Asturias y Castilla y León disponen de una planificación «deficiente y muy deficiente».
La responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, asegura que el análisis deja claro que los montes españoles siguen siendo susceptibles a sufrir incendios de alta intensidad porque no se prioriza su gestión ni los presupuestos destinados. «Se necesita una coordinación global para asegurar el cumplimiento de las comunidades autónomas, así como un fondo presupuestario destinado a la gestión de nuestros montes», añade.
El informe reconoce que el fuego forma parte de los ecosistemas mediterráneos, sin embargo los incendios han cambiado, han evolucionado hacia episodios de alta intensidad, en los que los propios operativos en extinción alertan de que ya no pueden garantizar la seguridad.
De hecho, destaca que el fuego «se ceba en el Mediterráneo» en países como Grecia, Italia, Argelia, España, ya que la región es en la que se aprecian los impactos del cambio climático con incendios «más peligrosos, rápidos e incontrolables», tanto que algunos estudios aprecian que el cambio climático también está aumentando el número de tormentas eléctricas y fuegos ocasionados por rayos.
Por ello, Greenpeace insiste en que la prevención debe ser la «prioridad» para evitar y mitigar los daños causados por los grandes fuegos por un lado reduciendo igniciones y por otro, gestionando el paisaje por donde discurre el fuego. A ese respecto recuerda que la progresión del fuego depende de la topografía y de la meteorología, que no se pueden modificar, por lo que «la clave es contar con un paisaje gestionado».
En definitiva, Parrilla ve «urgente» priorizar la prevención con gestión forestal, cumplimiento de planificación y recursos económicos y humanos necesarios.
El trabajo presentado por la ONG contempla una batería de medidas que plantean mejorar la coordinación estatal con un marco de acción común a escala nacional, capaz de integrar a todos los agentes, públicos y privados implicados. Asimismo, recomienda mejorar la ordenación del territorio, porque el trabajo señala que de los 28 millones de hectáreas forestales en España, apenas son de titularidad pública el 27% y de estas, cuentan con planes de gestión el 54,8 por ciento.
Las propuestas reclaman una asignación detallada del presupuesto después de constatar que «no existen datos normalizados» para cuantificar la cifra de inversión en gestión forestal frente al gasto de las administraciones en extinción forestal. La mayoría de los presupuestos consultados no dispone de epígrafes fácilmente reconocibles como «prevención de incendios forestales» y solo Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares disponen del grado suficiente de detalle para distinguir inversión en prevención y gasto en extinción.
En otro epígrafe, el documento insta a cumplir con la normativa de planificación en prevención como la obligación de contar con planes de emergencia local o planes para zonas de alto riesgo. Así, Greenpeace valora que cumplir con la planificación y las políticas contra la despoblación rural han de ser «una prioridad» especialmente en Castilla y León, que tiene una gran vulnerabilidad frente a incendios de alta intensidad y a la que la ONG le da la peor calificación, «muy deficiente», en este ámbito.
Finalmente, las propuestas de la ONG apuestan por mejorar el acceso a la información, la divulgación y la concienciación de los ciudadanos y que las administraciones locales elaboren, difundan y pongan en marcha sus respectivos planes de autoprotección civil, que considera «la asignatura pendiente» para generar comunidades activas que prevengan y ayuden a los servicios de extinción.
