Ambos regidores han mantenido hoy un primer encuentro institucional
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Manuel J. González Andrade, ha mantenido hoy un encuentro institucional con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, enmarcado en la ronda de contactos institucionales que está manteniendo desde que fuera elegido Presidente el pasado mes de noviembre.
La reunión ha servido además para analizar asuntos que afectan a los municipios de nuestra región, y en los que ambos coinciden, tales como el malestar por la pérdida, a nivel del país, de 2.924 millones de euros, por parte de los ayuntamientos, debido que el Partido Popular ha votado en el Senado en contra del techo de gasto planteado por el Gobierno.
Una merma de recursos que supondrá, según el Presidente que los ayuntamientos “perdamos dinero y por tanto que dejemos de ofrecer servicios de calidad, crear más infraestructuras y en resumen, atender mejor a nuestros vecinos y vecinas”
Otro asunto en el que ambos han coincidió ha sido en lo negativo que resulta el recién aprobado Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de empleo. Un Programa que supone un “retroceso” y una “pérdida total de la autonomía municipal” al encorsetar los criterios de contratación.
Esto se superó, ha explicado, el pasado año dándose libertad a los alcaldes y alcaldesas para que “contratásemos en función del desempleo de nuestros municipios o de la casuística del desempleo de cada uno de ellos”.
Ahora, “se ha dado un gran paso hacia atrás”, y se ha hecho un decreto en el que “los criterios los pone la Junta” y por lo tanto “la especificidad de cada municipio no tiene valor”. “La Junta se olvida de que los alcaldes y alcaldesas somos los que mejor conocemos la cara y las necesidades de las personas desempleadas de nuestro municipio”, ha defendido.
González Andrade ha recordado que la Federación se abstuvo en la aprobación de este PCEM, el pasado mes de febrero, en el seno del Consejo de Política Local de Extremadura, al considerar que “volver a encorsetar con criterios la contratación va en contra de la autonomía municipal”.
