El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto Ley de simplificación urbanística para agilizar el planeamiento y fomentar la promoción de vivienda, que introduce cambios en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), con el objetivo de ofrecer una respuesta a la «situación de excepcionalidad» que atraviesa el acceso a la vivienda en la región.
Al igual que en el resto del país, ha matizado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, esta situación se caracteriza por una «creciente dificultad para amplios sectores de la población», en especial, ha dicho, para los jóvenes y las personas con menor poder adquisitivo.
Un «problema» que no se limita, ha dicho, a las grandes ciudades o núcleos urbanos, sino que también afecta al medio rural extremeño, donde «la oferta de vivienda adecuada es claramente insuficiente».
Ante esta realidad, el Gobierno de Extremadura «no puede permanecer inmóvil», motivo por el que ha aprobado este decreto ley que se suma a las medidas fiscales aprobadas a lo largo de la legislatura para favorecer el acceso a la vivienda, que mantiene unos precios de mercado que «siguen alejando a muchas familias de su oportunidad de acceder a un hogar».
CAMBIOS EN LA LOTUS
Este decreto ley es «un paso más» en la línea de facilitar el acceso a la vivienda en tanto que «permitirá actuar con rapidez y eficacia frente a una necesidad social urgente», modificando para ello determinados artículos de la LOTUS.
En concreto, su finalidad es agilizar las tramitaciones urbanísticas para facilitar la promoción de vivienda protegida. «No podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno de crecimiento y desarrollo de nuestros municipios», ha argumentado el consejero.
Entre sus medidas ha destacado la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal, reducir el plazo de información pública de tramitación para modificar planes generales municipales de 45 días a un mes cuando no precise evaluación ambiental ordinaria.
Además, reduce de tres a dos los acuerdos plenarios municipales necesarios para la aprobación de las modificaciones de ordenación detallada. Asimismo, contempla eliminar la prohibición legal a 266 municipios con el fin de que puedan realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico, evitando que «cualquier posible iniciativa de promoción de vivienda pudiera truncarse».
Otro aspecto destacado de este decreto ley es que prevé la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas y la flexibilización del uso de suelo para promover viviendas sociales y dotacionales, así como sustituir la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa y la regulación.
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Asimismo, también con el objetivo de agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda protegida, el Consejo de Gobierno también ha abordado este lunes el pronunciamiento previo del proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida.
Una iniciativa complementa directamente, ha señalado el consejero, al nuevo Decreto Ley de simplificación urbanística decreto ya que busca reducir «trámites innecesarios que actualmente ralentizan el funcionamiento del mercado inmobiliario».
Entre las medidas más relevantes se encuentra la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando «disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables. Esta medida también reduce la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que «nunca han sido ejercidos desde su implantación», ha asegurado el consejero.
Se establece además una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores vinculadas al módulo vigente, según el tipo de vivienda, en lugar del sistema anterior basado en IPC y fórmulas «complejas».
También se simplifica el visado de contratos de compra, venta y adjudicación, evitando que la ciudadanía tenga que aportar documentos que la Administración ya puede consultar electrónicamente y, finalmente, se agilizan los procedimientos de comunicación de enajenación y de informe de precios máximos de venta o alquiler, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la eficiencia en la gestión de la vivienda protegida.
Con todas estas reformas, ha apostillado el consejero, el Gobierno de Extremadura «avanza en su compromiso de facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos innecesarios».
