Extremadura contabilizó durante el año 2025 un total de 3.115 mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone un incremento del 5,2 por ciento respecto a 2024, cuando se registraron 2.957 víctimas. Así se desprende de los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analiza anualmente la evolución de este fenómeno a través de la actividad judicial.
El informe confirma que la violencia de género continúa representando un desafío social y judicial de primer orden, tanto en Extremadura como en el conjunto del país, poniendo de manifiesto la necesidad de mantener y reforzar las políticas públicas de prevención, protección y atención integral a las víctimas.
Más de 3.300 denuncias en los juzgados extremeños
Durante el pasado ejercicio, los órganos judiciales con competencias en violencia sobre la mujer recibieron en la comunidad autónoma un total de 3.357 denuncias relacionadas con casos de violencia de género.
Estas cifras reflejan la actividad sostenida del sistema judicial frente a este tipo de delitos y evidencian, según los expertos, una doble realidad: por un lado, la persistencia de la violencia contra las mujeres y, por otro, una mayor visibilización y denuncia de las situaciones de maltrato gracias a la concienciación social y al fortalecimiento de los recursos institucionales.
Las denuncias constituyen uno de los principales indicadores de acceso de las víctimas a los mecanismos de protección y respuesta judicial, que incluyen órdenes de protección, medidas cautelares y procedimientos penales dirigidos a garantizar la seguridad de las mujeres afectadas.
Extremadura, por debajo de la media nacional
El Observatorio señala igualmente que la tasa de víctimas de violencia de género en Extremadura se situó en 58,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, una cifra inferior a la media nacional, establecida en 74 víctimas por cada 10.000 mujeres.
Aunque este dato posiciona a la región por debajo del promedio estatal en términos relativos, las instituciones insisten en que cualquier cifra relacionada con la violencia machista exige una respuesta firme y sostenida, dado el impacto personal, familiar y social que genera.
La importancia de la denuncia y la respuesta institucional
El aumento registrado en el número de víctimas y denuncias se interpreta también en el contexto del trabajo desarrollado durante los últimos años por administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial y entidades sociales para fomentar la detección temprana y la denuncia.
Las campañas de sensibilización, la ampliación de recursos asistenciales y el fortalecimiento de la red de atención especializada han contribuido a que más mujeres acudan a los canales oficiales en busca de protección y apoyo.
En este sentido, especialistas subrayan que el incremento estadístico no siempre implica un aumento proporcional de la violencia, sino que puede estar vinculado a una mayor confianza en las instituciones y a una reducción del silencio que históricamente ha rodeado estas situaciones.
Un reto social prioritario
La violencia de género continúa siendo una problemática estructural que requiere una respuesta coordinada entre todas las administraciones y agentes sociales. Las políticas públicas actuales se orientan hacia:
la prevención y educación en igualdad desde edades tempranas,
la atención psicológica, jurídica y social a las víctimas,
la protección efectiva frente a los agresores,
y la recuperación integral de las mujeres y menores afectados.
Las administraciones reiteran la necesidad de seguir avanzando en la coordinación institucional y en el refuerzo de los recursos destinados a combatir la violencia machista, con el objetivo último de garantizar entornos seguros y libres de violencia para todas las mujeres.
Contexto nacional
Los datos publicados por el Observatorio del CGPJ forman parte del balance anual que permite evaluar la evolución judicial de la violencia de género en España y orientar la planificación de políticas públicas en materia de igualdad, seguridad y protección social.
El seguimiento estadístico constituye una herramienta esencial para detectar tendencias, identificar necesidades territoriales y mejorar la eficacia de la respuesta institucional frente a esta forma de violencia.
