La Comisión de Coordinación de la Mesa contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual se ha reunido esta mañana en Mérida, después de ocho años sin actividad, para abordar, entre otras cuestiones, la actualización del Protocolo de Extremadura contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

Esa herramienta se elaboró en abril de 2015 y, por lo tanto, es necesario «realizar una revisión y una actualización» para luchar contra un tipo de delito que es «muy difícil de erradicar porque tiene un carácter trasnacional, que suele estar perpetrado por redes internacionales de crimen organizado», ha explicado la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera.

En palabras de Sánchez Vera, «la Mesa contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual es el órgano de coordinación máximo de las actuaciones que se realizan contra esta terrible lacra en Extremadura».

En ella, están representadas las instituciones públicas y privadas que luchan contra este delito: Instituto de la Mujer de Extremadura; Secretaría General de Igualdad y Conciliación; Consejería de Salud y Servicios Sociales; Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; Fiscalía Superior de Extremadura; Delegación y Subdelegaciones del Gobierno; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; colegios profesionales de abogados y ONGs.

La secretaria de Igualdad ha explicado que este delito consiste es «la captación, transporte o retención de personas vulnerables, recurriendo a amenazas, coacciones, abuso de poder o engaño, con el fin de explotarlas sexualmente». «Constituye una violación flagrante de la dignidad y de los derechos humanos de las personas, pero sobre todo de las mujeres y de las niñas, que son las principales víctimas, al mismo tiempo que constituye una forma muy grave de delincuencia», ha añadido. Extremadura registró 22 casos de víctimas de trata y explotación sexual entre 2018 y 2022.

De ellos, 12 fueron trata sexual, por cuyos delitos hubo 13 detenidos, mientras que los otros 10 fueron por explotación, con 10 detenidos.

Ara Sánchez ha dado a conocer estos datos, correspondientes el Centro de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio del Interior. Sánchez ha insistido en que «tenemos que aunar esfuerzos entre todas las administraciones públicas, desde la Unión Europea, el Gobierno central, el Gobierno autonómico y las entidades locales, porque la trata requiere un abordaje integral».

«Desde la Junta de Extremadura ponemos nuestra máxima disposición y colaboración al servicio de todos los operadores jurídicos, de todas las instituciones, para intentar erradicar esta lacra», ha asegurado la responsable de Igualdad del Ejecutivo regional.

Además, ha explicado que, de acuerdo a sus competencias, la labor de la Junta de Extremadura se centra en la prevención, detección, sensibilización y recuperación integral de todas las víctima.