La Junta de Extremadura interpondráeste mismo martes un requerimiento al Estado para reclamar un millón de euros por la no actualización de las entregas a cuenta en la comunidad, ya que «su inacción cuesta dinero».
El hecho de que esté mirando únicamente para Cataluña», con el acuerdo de ese «cupo separatista hace que deje de gestionar algo tan sencillo como la actualización de las entregas a cuenta, que cuesta dinero en Extremadura», según ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa este martes.
En su intervención, la consejera de Hacienda ha explicado que han cuantificado cuánto costó que no se actualizaran las entregas a cuenta en el ejercicio anterior, que en 2024 fueron de 709.000 euros, y ya en este 2025, «que no tengamos actualizadas aún las entregas a cuenta, supone que hemos tenido que pagar en intereses, porque tenemos que recurrir a operaciones a corto para garantizar esa tesorería, 238.000 euros».
Por tanto, sumando ambas partidas se alcanza el millón de euros «por la inacción de un Gobierno que únicamente mira para un territorio y que abandona al resto», y que «olvida la obligación que tiene de actualizar los recursos de las comunidades autónomas», ha señalado Manzano.
Ante esta situación, la Junta de Extremadura interpondrá este mismo martes un requerimiento para «exigir al Estado ese millón de euros que hemos pagado» por la no actualización de las entregas a cuenta», ha reafirmado la consejera extremeña de Hacienda.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Además, la Junta de Extremadura ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno una declaración institucional en rechazo al «cupo separatista» de Cataluña, que «aniquila el principio de solidaridad y anula la igualdad entre todos los españoles».
En su intervención, Elena Manzano ha advertido que el gobierno regional no se va «a quedar quieto ante lo que supone el principal atentado contra nuestro modelo de organización territorial».
Manzano ha considerado que este «cupo separatista catalán» acordado este pasado lunes entre Gobierno y Generalitat «efectúa una distinción inconstitucional», que «vulnera y atenta contra el principio de igualdad y de justicia»
Se trata de un acuerdo que «anula la autonomía financiera del Estado», y que provoca que el Estado «renuncie a esos recursos, esos ingresos propios de la hacienda estatal, que son de todos los españoles» con el objetivo de «privilegiar a un territorio en concreto» con la «única intención de mantenerse en el poder», ha criticado la consejera de Hacienda.
«PRINCIPIO INCONSTITUCIONAL»
Y es que «ese cupo separatista parte de la proclamación de un principio inconstitucional, del principio de ordinalidad», ha señalado Elena Manzano, quien ha alertado de que en este acuerdo, el Estado «defiende algo que no se encuentra en la Constitución», y que «aniquila el principio de solidaridad».
En ese sentido, Elena Manzano ha recordado que el Tribunal Constitucional ya dijo en la sentencia 31-2010 que el principio de ordinalidad «no tenía cabida en nuestro ordenamiento jurídico, tras lo que ha señalado que en el «pacto de la vergüenza» acordado este pasado lunes se establece que se va a articular una financiación destinada a cubrir las necesidades de Cataluña y a su singularidad.
De esta forma se está «rompiendo por primera vez esa multilateralidad en la negociación del sistema de financiación autonómica», ha alertado la consejera extremeña de Hacienda, quien ha aseverado que «en ese acuerdo de la vergüenza hay claras alusiones al sistema de cupos» que a su juicio supone «la renuncia por parte del Estado de todos sus ingresos».
Un acuerdo en que «se consagra es que el Estado va a renunciar a su hacienda» y a figuras impositivas como el IRPF, «únicamente con una intención, que es la de beneficiar, generar un importante agravio que beneficia exclusivamente a un territorio», ha alertado.
Además, y «no contento solamente con esto», el Estado con este acuerdo «da un paso más y limita la autonomía financiera autonómica», ya que existe «una expresa referencia a que habrá una mayor cesión de competencias normativas, pero que al mismo tiempo habrá limitaciones para evitar esa competencia fiscal a la baja».
ASUME «TODAS LAS PRETENSIONES DEL SEPARATISMO»
Por este motivo, ha criticado que el Estado «asume todas y cada una de las pretensiones establecidas por el separatismo catalán», como la cesión impositiva del IRPF y «avances muy importantes en materia de gestión tributaria que van a anular la Agencia Estatal de Administración Tributaria en este territorio», del tal forma que «haya una mayor participación de la llamada Agencia Tributaria de Cataluña».
Todo ello va «a lastrar el crecimiento económico del resto de territorios», ha advertido la consejera extremeña de Hacienda, quien ha considerado que ese cupo separatista «no tiene cobertura constitucional ni legal», ya que «atenta y quiebra las normas esenciales del bloque de constitucionalidad», así como la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Por eso, este acuerdo «como mínimo, va a suponer 13.200 millones de euros de trasvase de dinero de todos los españoles a esa hacienda, a la hacienda catalana», y en el caso de Extremadura «va a implicar una pérdida de 200 millones de euros al año», según los cáculos aportados por Manzano.
Se trata de una «pérdida importante que se traduce en que los servicios públicos de calidad cuenten con una menor financiación» ha apuntado Manzano, quien ha advertido que ante esta situación, el gobierno de la Junta de Extremadura «no se queda quieto», tal y como ha hecho «desde un primer momento, combatiendo todas y cada una de las injusticias del Gobierno del señor Sánchez», ha reafirmado.
Así, ha recordado que Extremadura fue la primera comunidad en interponer un recurso de inconstitucionalidad por el «reparto injusto» del impuesto a la banca, y también están en la Audiencia Nacional dos requerimientos ante dos liquidaciones del sistema de financiación autonómica de los años 2021 y 2022, a lo que se une el requerimiento anunciado por la no actualización de las entregas a cuenta.
