La Junta cifra en casi 20 millones lo que la región ha dejado de ingresar desde la entrada en vigor de estas medidas en 2021 hasta la fecha.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha comunicado este martes al Consejo de Gobierno la presentación de un requerimiento previo al recurso contencioso administrativo para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del ejercicio de 2021.

En concreto, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida con posterioridad a la reunión semanal del Gobierno extremeño, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha justificado esta medida en la decisión del Ejecutivo central de bajar desde ese año (2021) dos impuestos: el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE).

Esto supuso que las comunidades autónomas dejaran de ingresar una parte importante correspondiente de esa recaudación, cuyo rendimiento se encuentra cedido en un 50% -en el caso del IVA- y en 100% -en el caso del impuesto sobre la electricidad-. Además, estas rebajas se han ido prorrogando, de manera que actualmente siguen vigentes.

Por otro lado, al año siguiente, en 2022, el Gobierno decidió crear otros tres impuestos, que son: el gravamen temporal energético, el de entidades de crédito y el de solidaridad de las grandes fortunas. Sin embargo, en este caso, toda la recaudación se la quedó el Estado, sin repartir los ingresos obtenidos entre las comunidades.

De este modo, la Junta de Extremadura cifra en casi 20 millones de euros lo que la región ha dejado de ingresar desde la entrada en vigor de estas medidas en 2021 hasta la fecha.

Por tanto, Bazaga ha explicado que lo que se pide es que el Ejecutivo central “compense” a las comunidades autónomas por el “perjuicio económico” ocasionado en la recaudación de los últimos años.

LIQUIDACIÓN SUSTITUTIVA

La presentación de este requerimiento previo al recurso contencioso administrativo para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del ejercicio de 2021, se quiere llevar a cabo con otra liquidación sustitutiva en la que se compute el importe dejado de ingresas de IVA y del IEE (Impuesto Especial sobre la Electricidad) por las medidas aprobadas por el Gobierno de España en los Decretos-ley 12/2021 y 17/2021 y “se compense” a Extremadura el “perjuicio económico” ocasionado que asciende a 19,775 millones de euros.

El Real Decreto-ley 12/2021 recogía una serie de medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética donde se estableció una rebaja del 21% al 10% del IVA aplicable a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Además, el Real Decreto-ley 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, redujo el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) del 5,11% al 0,5%. De estos dos tributos se encuentra cedido a las comunidades autónomas el 50% del rendimiento del IVA y el 100% del rendimiento del IEE.

Por lo tanto, ambas medidas supusieron una disminución de los ingresos tributados. Además, estas rebajas en el IVA y el IEE se han ido prorrogando por otra serie de decretos estando vigentes en el momento actual hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por otro lado, y con fecha 27 de diciembre de 2022, se aprueba una ley con tres gravámenes: los gravámenes temporales energético, el de entidades de crédito y el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

“Aquí el Estado se ha reservado íntegramente la recaudación sin que se haya arbitrado ninguna medida para compensar el impacto de las mismas sobre los recursos del sistema de financiación autonómica”, detalla el Ejecutivo regional.

De ahí que la “falta de compensación” de estas medidas en la liquidación de Sistema de Financiación Autonómica ha originado en las CCAA “una merma” en los recursos recibidos con cargo al ejercicio de 2021.

Y es que, según las estimaciones realizadas por la Comunidad Autónoma, desde su entrada en vigor en 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, las medidas adoptadas supondrán para Extremadura “una reducción de la recaudación cedida por IVA y por el IEE cercana a los 19,775 millones de euros”. De ahí que se presente este requerimiento para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2021.

También, y a preguntas de los medios sobre los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para el próximo ejercicio 2024, Victoria Bazaga ha señalado que la Junta está trabajando para contar con presupuestos «en el menor tiempo posible».

De este modo, ha apuntado que el capítulo de gastos está «bastante adelantado», pero aún se necesitan conocer las cifras macroeconómicas «para poder tener los ingresos».

En esta línea, ha expuesto que se ha requerido al Ministerio de Hacienda por carta que «dieran una solución» e incluso, ha dicho, se ha pedido una cita de la que no se ha tenido «respuesta alguna para saber cuáles son esas cifras, cuáles son las entregas a cuenta» para poder cerrar los presupuestos regionales. «Pero no les quepa duda que presupuestos tendremos», ha subrayado.

De igual forma, ha indicado que la Junta trabajará, a la hora de redactar los PGEx, con la «incertidumbre» de no saber cómo quedarán algunos de los impuestos creados o modificados por el Ejecutivo central, momento en el que ha lamentado que la «falta de recursos siempre nos perjudica».

EP