EP – La Junta de Extremadura ha presentado este pasado miércoles unrequerimiento al Ministerio de Hacienda previo al recurso contencioso-administrativo para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2023, en el que pide que se compense a la comunidad con 148,7 millones de eurospor el perjuicio económico ocasionado.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha dado a conocer la presentación de este requerimiento en la rueda de prensa en la que ha detallado el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, tras su registro, y en la que ha pedido «lealtad institucional» al Gobierno nacional.

«Somos tres niveles de gobierno. Hay una hacienda estatal, hay un Estado, hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades con estatuto de autonomía y hay 8.132 municipios y las decisiones que se toman por parte del Estado, cuando se trata de determinadas figuras impositivas, redundan en una carga, en una pérdida absoluta de financiación, tanto de las comunidades autónomas como, en el caso de determinados tributos, también de las corporaciones locales», ha planteado.

Así, Manzano ha explicado que la Junta presentó este miércoles un requerimiento al Ministerio de Hacienda por una «pérdida recaudatoria» cifrada en casi 149 millones de euros, que se suman a otros presentados por la liquidación definitiva de los años 2021 y 2022 y en los que se reclamó 19,7 millones correspondientes a 2021 y 95 millones en 2022.

«149 millones de euros –correspondientes a 2023– que son de todos los extremeños, que son nuestros, que son nuestros recursos y que el Estado tiene que atribuir a nuestra comunidad autónoma. Si sumamos todos, si sumamos estos tres requerimientos, llegamos a los 264 millones de euros y no vamos a parar de reclamar, de reivindicar lo que es nuestro», ha aseverado la consejera de Hacienda extremeña.

En este sentido, ha incidido en que cualquier decisión estatal que tenga una incidencia negativa económica en la comunidad extremeña será objeto de requerimientos, previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, como se ha hecho, como ha recordado, cuando no se han actualizado «en plazo las entregas a cuenta».

Como ha informado la consejera, el impacto en el sistema de financiación autonómica de 2023 del impuesto sobre la electricidad se cifra en 49,44 millones de euros, mientras que el impacto por la minoración del IVA llega hasta los 99,34 millones de euros.

En esta línea, Manzano ha confiado que «ojalá» se le dé la razón a Extremadura en relación a los requerimientos planteados y que «realmente se imponga al Estado la posibilidad de ser leal».

EXTREMADURA PRESENTA UNA SITUACIÓN «MUY SANEADA»

Por otro lado, la consejera de Hacienda también se ha referido a la situación «muy saneada» que presenta Extremadura y con la que «queda constancia» de cómo se gestionan los recursos.

En relación a la deuda de la comunidad, Manzano ha señalado que está en «una muy buena situación» y cerrará la anualidad, según la previsión de la AIReF, en el 18,7 por ciento del PIB, situada dentro de las cinco comunidades autónomas que tienen menor deuda en España.

«Vamos a cerrar esta anualidad en un 18,7 por ciento. Una deuda que además queremos pagar y que pagamos ahorrando. Una deuda que hemos asumido, una deuda que está situada en esas ratios que nos parecen positivas y que nosotros sí, a diferencia de lo que sucede en otros territorios, queremos afrontar y queremos pagar con nuestro esfuerzo», ha asegurado la consejera extremeña en su intervención.

En este sentido, ha indicado que lo que no va a hacer la comunidad es «asimilar los más de 17.000 millones de euros de deuda generada en otra región para que luego provoque un perjuicio económico importante» en Extremadura.

«Lo que no vamos a hacer con esa falsa condonación es asumir el pago de 68 millones de euros. Una deuda que pagamos en las mejores condiciones. La operación de refinanciación que saben que hemos acometido, que hemos ejecutado, que todas las entidades financieras que han querido participar han participado, porque son conscientes de la solvencia de este gobierno, nos ha reportado un ahorro de 20 millones de euros, de más de 20 millones de euros en este ejercicio, en el año 2025, y nos va a reportar un ahorro de 150 millones de euros hasta el año 2037», ha asegurado.

A preguntas de los medios por el hecho de que en 2026 se contempla una subida en el endeudamiento, la consejera se ha referido a la amortización de casi 400 millones, lo que ha provocado un ahorro de casi 100 millones de euros en intereses.

«Tenemos margen de endeudamiento, lo vamos a ejercer, porque vamos a garantizar, por supuesto, la prestación de los servicios públicos fundamentales. Pero es que todo son buenas noticias. Estamos en un nuevo compartimento, el de facilidad financiera, nos permite acceder a los mercados, nuestra autonomía es solvente, por primera vez estamos amortizando esa deuda y la deuda está cayendo y lo que vamos a hacer es seguir creciendo y crecer también a través de esa vía», ha concluido.