Gª Espada se muestra solidaria con Canarias y exige consenso para que todas las CCAA tengan igualdad de condiciones en el reparto de menores
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara Gª Espada, ha informado de la impugnación del orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, en Madrid, donde se iba a abordar la situación de los menores migrantes no acompañados.
Gª Espada ha explicado a los medios de comunicación en Mérida que el orden del día no había sido aprobado previamente en la comisión técnica preparatoria, tal y como establece el reglamento. «Esperábamos de la ministra una rectificación que supusiera modificar el orden del día conforme a lo establecido. Esperábamos de la ministra que cumpliera con el reglamento», ha señalado, «pero, una vez más, el Gobierno vuelve a incumplir los procedimientos y desprecia los cauces institucionales. Y esto es especialmente grave cuando hablamos de un asunto tan sensible como la atención a menores migrantes no acompañados».
La responsable de Salud y Servicios Sociales ha subrayado que «desde la Junta de Extremadura mostramos nuestra solidaridad con Canarias», y ha señalado que no van a permitir que se banalice un asunto tan sensible ni que se utilice a los menores como moneda de cambio en el tablero político. «Nuestro compromiso es y será siempre con el interés superior del menor, alejado de los intereses políticos del Gobierno Central».
Ha denunciado que el reparto propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia únicamente busca enfrentar a las comunidades autónomas, aplicando criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del sistema de reparto a Cataluña y al País Vasco, sus socios parlamentarios.
«Frente a esta estrategia, alzamos la voz, exigimos consenso» ha manifestado, subrayando que todas las comunidades merecen el mismo trato, con igualdad de condiciones y criterios objetivos. «La doble vara de medir del Gobierno ya es insostenible. Mientras se niega a acoger a más de mil solicitantes de protección internacional, como le exige el Tribunal Supremo, asfixia a las Comunidades Autónomas con repartos forzosos, sin medios suficientes y sin diálogo previo».
RECURSO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por último, Gª Espada ha informado de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Extremadura sobre el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, dado que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de protección y tutela de menores.
«Desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola, vamos a seguir actuando con responsabilidad, con firmeza y con respeto al marco legal. Siempre en defensa del bien superior de los menores, dentro de nuestras competencias y del principio de igualdad entre territorios», ha concluido.
