El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha informado de que los servicios jurídicos de la Junta estudian las posibilidades de actuación frente a la Ley de Vivienda estatal, sobre la que el Ejecutivo extremeño tiene la convicción de su «inconstitucionalidad».

 

simismo, ha avanzado Martín que la Junta está estudiando distintas fórmulas para «aprovechar» algunos puntos de la Ley de Vivienda de Extremadura y «desechar todo aquello que no sea favorable», como ya se ha hecho en el caso de la eliminación del impuesto de viviendas vacías de grandes propietarios.

«Incluso no descartamos, si fuese necesario y así lo consideráramos, traer a esta Cámara la redacción de un nuevo texto legal», ha aseverado el consejero extremeño este jueves en una comparecencia a petición propia, en el pleno de la Asamblea, sobre el desarrollo de la Ley de Vivienda de Extremadura.

 

Durante su intervención, el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda también ha anunciado que se está trabajando en un nuevo proyecto de Plan de Vivienda de Extremadura que «verdaderamente» atienda las necesidades de las familias extremeñas, en lugar, ha dicho, del «plan fantasma» anunciado por el Ejecutivo regional presidido por Guillermo Fernández Vara en las «últimas semanas de la legislatura anterior».

LEYES «ELECTORALISTAS» E «INTERVENCIONISTAS»

Manuel Martín ha recalcado varias veces durante su comparecencia que tanto la ley nacional como la regional tienen «similitudes y paralelismos», ya que han sido «leyes diseñadas ambas desde Ferraz y marcadas con un profundo sentido electoralista», además de ser «intervencionistas».

El responsable autonómico ha insistido en que la posibilidad de acceder a una vivienda digna es una «necesidad humana fundamental» y es un derecho recogido en varias normas, aunque ha asegurado que la Junta no considera que haya una «correcta idoneidad legislativa al trasladar estas leyes a la realidad de Extremadura».

Por ello, ha criticado que tanto a nivel nacional como regional se coordinasen a la hora de establecer «legislaciones simétricas en víspera de las elecciones» para «hacer política con algo tan fundamental como es la vivienda».

PROTECCIÓN PARA LOS PROPIETARIOS

El consejero extremeño ha insistido también en proporcionar una «férrea protección» sobre los propietarios y la propiedad privada y, por ello, el marco regulatorio debe velar por dicha protección ante cualquier modelo de ocupación, ha dicho.

Además, y por otro lado, ha manifestado su apuesta por un sistema de vivienda diseñado para atender a las necesidades de aquellos hogares que no pueden acceder a ella en las condiciones de mercado. «Ahí es donde todos debemos centrar nuestros esfuerzos, indistintamente de las defensas ideológicas y modelos de cada partido», ha señalado.

En esta línea, ha incidido en que la gente lo que precisa son oportunidades y empleo en los pueblos para comprarse la vivienda que quieran y formar un hogar más que estar pendiente de «ayudas de las Administraciones».

Esas oportunidades, ha insistido, en los últimos cuarenta años no han sido generadas en Extremadura por el PSOE, a lo que se ha unido una «tremenda pérdida» de población expulsando a los jóvenes de los pueblos y ciudades.

Ante ello, ha defendido que el modelo de vivienda del gobierno presidido por María Guardiola «no será continuista» con el anterior, aunque, no obstante, y «circunstancialmente y por el periodo transitorio» en el que se está, algunos proyectos tendrían que ser mantenidos.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

El diputado del PP Manuel Lozano Martínez ha agradecido la comparecencia del consejero y ha afeado que las leyes de vivienda nacional y regional se caracterizan por ser «absolutamente intervencionistas» y «nada protectoras» con los propietarios.

También se ha referido al «efecto multiplicador» que tiene el sector de la construcción para el conjunto de la economía y el empleo, además de considerar que el trabajo y la vivienda son los «aliados perfectos para evitar la despoblación».

Por ello, ha considerado necesario arbitrar medidas, como un nuevo Plan de Vivienda, dotado con recursos y que sea eficaz para atender las necesidades de vivienda, además de apoyar la construcción de viviendas sociales.

En el turno del PSOE, el diputado Fernando Rodríguez Enrique ha defendido que tanto la normativa nacional como la regional han hecho «mucho» en materia de vivienda en la región y ha defendido que se debe abandonar la idea de que todo lo hecho en anteriores legislaturas es «malo».

También Rodríguez ha considerado que el PP está en contra del intervencionismo según para qué, además de acusar a los ‘populares’ y a Vox de preferir dejar las viviendas vacías, a lo que ha añadido que en el mundo rural sobran viviendas que no están ocupadas.

También, y en relación a los entornos más urbanos, el diputado socialista ha apostado por revitalizar los cascos urbanos para evitar la desarticulación de la trama y la segregación por edades.

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha suscrito la intervención del consejero ‘popular’, de la que ha dicho incluso que pareciera que Martín le había «copiado el discurso» y ha defendido que la vivienda es un bien «de primera necesidad».

Bravo ha apostado por la liberalización del suelo que no goce de protección para evitar, así su encarecimiento; por la construcción de la vivienda pública y por la protección de los propietarios de vivienda, que se encuentran, en su opinión, en una situación de «vulnerabilidad» provocada por el «intervencionismo estatal».

En este sentido, el diputado de Vox ha animado a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a poner en marcha políticas en el ámbito de la vivienda, que su grupo, ha dicho, estará apoyando.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha lamentado que el consejero tenga una percepción de la realidad que le lleva a «favorecer» a los propietarios o a las empresas que se dedican a la seguridad, además de considerar que la misma no se ajusta a la realidad de Extremadura.

En su intervención, Macías ha mostrado su preocupación por los desahucios, sobre los que está habiendo un repunte, ha dicho, y también por subida de los intereses en los préstamos, además de apostar por el lema «Ni casas sin gente ni gente sin casas», que en la región se debería ampliar, ha considerado, a «Ni pueblos sin gente ni gente sin pueblos», afeando al consejero no hablar sobre la despoblación.

También ha criticado que el discurso de Martín haya estado marcado por los intereses de los bancos, de los grandes propietarios y de aquellos que quieren hacer negocio en las ciudades, además de considerar que ha estado plagado de «propaganda».

ÚLTIMO TURNO DEL CONSEJERO

Asimismo, en su último turno de intervención, el consejero ha recordado que el Gobierno central ha anunciado en los últimos años la construcción o puesta en el mercado de más de 420.000 viviendas.

«Saben cuántas han construido? Se lo digo yo. No han construido ninguna», ha manifestado, algo similar a lo que ha ocurrido, en su opinión, con el Plan de Vivienda de Extremadura, que ha calificado como «fantasma».

Frente a ello, ha enumerado una serie de medidas en las que trabaja la consejería, entre ellas la creación de un registro público de demandantes de vivienda, convenios con entidades financieras para avalar la compra de la primera vivienda para jóvenes y la construcción de viviendas de promoción pública en el ámbito rural.

Además, ha destacado la deducción del 30 por ciento de la cuota íntegra del IRPF de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de vivienda habitual para jóvenes, con el límite de 1.000 euros anuales, que serán 1.500 euros si el alquiler es en una localidad de menos de 3.000 habitantes.

 

EP