La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha recalcado los trabajos del Ejecutivo regional de cara a actualizar «herramientas desfasadas» para que el patrimonio que atesora la región no represente un «obstáculo» al desarrollo industrial.

Bazaga ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea de este jueves, donde ha criticado la situación encontrada en la Dirección General de Patrimonio Cultural al llegar a la Junta de Extremadura el gobierno del PP y Vox.

Así, la consejera extremeña ha subrayado que el patrimonio es un «grandísimo recurso» y «valiosísimo». «Aquí no tenemos un mar que vender, aquí tenemos patrimonio con mayúsculas. Aquí tenemos un patrimonio de verdad y hay que creer en ello, que genera riqueza, unión y bienestar en toda nuestra tierra», ha señalado.

No obstante, y en esta línea, la responsable autonómica ha considerado imprescindible que el patrimonio de Extremadura debe convivir con el resto de bienes y riquezas de la región y con las necesidades actuales de la sociedad.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN «DEFICITARIAS»

Por ello, Victoria Bazaga ha recalcado que la defensa del patrimonio en sí no es la causante de los «problemas» sino unas herramientas de gestión «deficitarias y carentes de valor» a día de hoy, ya que sigue en vigor una Ley de Patrimonio de 1999, que «ya nació con carencias que no han hecho más que acuciarse con el tiempo».

De todos modos, Bazaga ha considerado que había cuestiones que estaban bien planteadas en la norma, ya que se habla de una serie de órganos asesores de la Junta que ayudarían a la institución a un consenso en la toma de decisiones cruciales, aunque los mismos nunca se crearon, ha criticado.

«Lo que nos hace ver que el problema, como decíamos al principio, no es el patrimonio en sí, sino la dejadez y el abandono de una gestión», ha dicho.

APUESTA POR ACTUALIZAR LAS «HERRAMIENTAS DESFASADAS»

Por ello, ha señalado que el Ejecutivo extremeño presidido por María Guardiola se marca como objetivo actualizar las «herramientas desfasadas y caducadas», además de crear instrumentos de gestión «útiles y ágiles».

Así, la consejera ha destacado que, para eso su departamento ya ha hecho algunas cuestiones, como la elaboración de un programa de actuación para consultoras y promotores públicos o privados en los proyectos de posibles aficiones al patrimonio.

También se ha impulsado la Mesa de Patrimonio y Energía, se ha convocado la Comisión Mixta Junta de Extremadura-Iglesia Católica para la puesta en marcha de cofinanciaciones específicas de la Iglesia en el patrimonio común y se ha creado un servicio de arqueología y proyectos estratégicos, que está sacando «expedientes atascados desde 2020» y que están funcionando «a destajo» para dar respuesta a los «más de 1.500 expedientes los que se van a ver enfrentados».

En esta misma línea, Bazaga ha puesto en valor el trabajo «sin descanso» y los «enormes esfuerzos» de los técnicos de patrimonio para que la salvaguarda del patrimonio sea un hecho a pesar de «estas frágiles herramientas».

Por ello, ha lamentado que, «como herencia», el nuevo Ejecutivo extremeño haya recibido equipos donde faltan técnicos, ya que no se convocan plazas desde el año 2016, no se tiene una bolsa activa y todavía están en vigor complementos económicos «desiguales y desfasados desde hace ocho años».

«Señorías, equilibrar la protección del patrimonio cultural y el desarrollo rural en un territorio requiere la implementación de políticas que consideren ambas dimensiones de manera integral. Y así lo entendemos en este gobierno. Y no es lo que nos hemos encontrado. Y la implementación efectiva de estas políticas requiere una colaboración activa entre el gobierno, la comunidad local, expertos en patrimonio y cultura y el sector empresarial», ha expuesto.

CONSEGUIR UN DESARROLLO «SOSTENIBLE» QUE PRESERVE LA RIQUEZA CULTURAL

De este modo, la consejera ha incidido en que el objetivo de la Junta es lograr un desarrollo económico «sostenible» y que respete y preserve la riqueza cultural del territorio, por lo que la Dirección General de Patrimonio va a poner en marcha una planificación territorial integrada incentivando el desarrollo de planes de ordenación de territorio que identifiquen las áreas de alto valor patrimonial y establezcan zonas específicas para el desarrollo empresarial.

También ha dicho que considera de interés el estudio de una implantación de incentivos responsables para las empresas que elijan ubicarse en áreas designadas al desarrollo empresarial en zonas sin afección patrimonial o de muy baja afección. «Esto está funcionando muy bien en medioambiente», ha dicho.

De igual modo, ha apuntado que se incidirá «en las evaluaciones de impacto ambiental como «análisis real» de la situación, para que así no ocurra la situación que se ha dado en Trujillo, en San Jorge o en Mirandilla, ha aseverado.

Asimismo se fomentaran modelos de desarrollo empresarial sostenibles y se implantarán programas de formación y concienciación, tanto para las empresas como para los ciudadanos.

«Nos negamos a seguir siendo receptores pasivos de proyectos, limitándose a recibir lo que nos mandan, sin diálogo previo entre las empresas y la Junta, un planteamiento equivocado que nos ha llevado hasta aquí», ha recalcado.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

El diputado del PSOE José Ramón Bello Rodrigo ha aseverado que la formulación de la comparecencia de la consejera de Cultura ya era una «declaración de intenciones», ya que incluía el «trinomio complicado» de problemas, patrimonio y proyectos industriales.

Asimismo, ha subrayado el papel de «oposición constructiva» que realiza su grupo y ha señalado que a la Junta le toca rendir cuentas sobre su gestión, mostrando su preocupación ante el hecho de que a la consejera le han sobrado cinco minutos de su intervención.

En el turno de Vox, el diputado Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara ha apostado por proteger los bienes culturales que atesora Extremadura por su «extensa historia» en lugar de diluir las identidades como propone, ha dicho, el globalismo.

Así, ha considerado necesario que se proteja el patrimonio pero ha reconocido que, por sí mismo, «no genera riqueza», además de destacar que Extremadura debe buscar en este sentido «equilibrio» entre patrimonio y desarrollo industrial y no defender más a uno u otro.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha lamentado que los bienes culturales de la región cada vez estén más amenazados de destrucción, no solo por el deterioro del tiempo y la falta de conservación sino por poner delante a empresas y «modelos extractivistas en pos del llamado de desarrollo económico».

«Usted ha dicho que estos proyectos deben ser sostenibles y que tienen que tener un proyecto de sostenibilidad, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo van a hacer?. Si ustedes están de acuerdo en que Extremadura se venda a los mejores postores», se ha preguntado.

Finalmente, en el turno del PP, la diputada Tina Rodríguez ha abogado por ser capaces de hacer convivir el patrimonio y las empresas, ya que ambos son «fuentes de riqueza», y ha considerado que «enfrentarlos» es propio de una «miopía política preocupante» que el gobierno presidido por María Guardiola no está dispuesto a propiciar, ha dicho.

Así, ha recalcado que Extremadura no puede descuidar su patrimonio ni desechar proyectos empresariales, momento en el que ha reconocido que las empresas necesitan de unos tiempos que a veces el patrimonio y su legislación «no pueden ofrecer». «Extremadura no puede dar la espalda al progreso industrial que sea respetuoso con nuestro entorno, que no desvirtúe nuestra identidad como pueblo y nuestra propia idiosincrasia», ha subrayado.

 

EP