El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) informa sobre el incidente de recusación presentado por la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón y otros cuatro procesados en relación con los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz encargados de formar el tribunal que juzgará el caso por presunta colocación irregular del hermano del presidente del Gobierno como alto cargo en la Diputación de Badajoz. La vista oral de este procedimiento está prevista para finales del mes de mayo del próximo año.

Los once imputados en este procedimiento, entre ellos Miguel Ángel Gallardo candidato del PSOE a las próximas elecciones en Extremadura, están acusados por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los cuales la Fiscalía solicita penas de prisión de hasta tres años. La defensa de los procesados solicitó formalmente la recusación de los magistrados José Antonio Patrocinio, presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Francisco Serrano, ponente, y María Dolores Fernández, argumentando que podrían no ser imparciales para participar en el tribunal que juzgará a sus clientes.

Argumentos de la defensa

En su escrito, el abogado de los procesados, Emilio Cortés, sostiene que los magistrados habrían emitido resoluciones previas en el marco de otros recursos relacionados con los mismos imputados, incluyendo un auto del 23 de septiembre de este año, que, según la defensa, contenía “juicios de valor” y un “sesgo incriminatorio” hacia David Sánchez Pérez-Castejón. Asimismo, la defensa señala que los magistrados emplearon calificativos como “relevante”, “ilustrativo” y “hermanísimo”, que considerarían subjetivos y alejados de los hechos estrictamente jurídicos, y que podrían transmitir una presunción de culpabilidad anticipada.

El escrito de recusación sostiene además que los magistrados habrían “dado por probadas irregularidades en el curso de la legalidad administrativa” de forma anticipada, centrándose únicamente en jurisprudencia condenatoria y sin considerar decisiones favorables a los imputados (“pro reo”), lo que, a juicio de la defensa, comprometería la imparcialidad del tribunal para la labor de enjuiciamiento.

Informe de los magistrados recusados

En respuesta, los magistrados involucrados elaboraron un informe de 56 páginas, que ha sido remitido a la presidenta del TSJEx, María Félix Tena Aragón, en el que sostienen que no están incursos en las causas que cuestionan su imparcialidad y recomiendan que las recusaciones sean desestimadas. En su informe, los jueces explican que no han intervenido en la instrucción de diligencias ni han resuelto la causa en primera instancia, limitándose a comprobar la racionalidad de la resolución recurrida y a confirmar los criterios previamente adoptados por la magistrada instructora.

Respecto a los calificativos utilizados en resoluciones previas, los magistrados explican que el término “hermanísimo” se refiere al contenido de un correo electrónico intercambiado entre imputados, y que otros adjetivos empleados tenían la finalidad de incidir en la corrección formal de los autos al describir indicios de criminalidad. Aseguran que en ningún caso tales términos implican valoración sobre la culpabilidad de los investigados ni suponen decisión anticipada sobre los hechos.

Los jueces destacan que su actuación se limitó a evaluar la coherencia y racionalidad de los recursos presentados, sin inmiscución en la instrucción ni adopción de postura sobre la culpabilidad o inocencia de los investigados. Señalan que no han adoptado decisiones “ex novo” sobre el procedimiento y que su función se ha ceñido estrictamente a revisar los argumentos de los recursos interpuestos.

Posición de la Fiscalía

La Fiscalía también se pronunció sobre el incidente, emitiendo un informe en el que respalda la actuación de los magistrados y considera que el incidente de recusación no debe admitirse. La Fiscalía valora que la actuación de los jueces se ha ajustado a los principios de imparcialidad, objetividad y respeto a las garantías procesales de los imputados.

Procedimiento a seguir

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura será el encargado de decidir sobre la admisión o desestimación de la recusación presentada. La decisión final garantizará que se cumplan los principios de imparcialidad y debido proceso, asegurando la correcta administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de los imputados.

El TSJEx reitera su compromiso con la transparencia, la independencia judicial y la legalidad en todos los procedimientos que se tramitan en su ámbito de competencia. Todos los actos procesales se desarrollarán conforme a los principios de objetividad, neutralidad y respeto a las garantías procesales, fundamentales en el sistema judicial español.