EP – La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha manifestado este viernes su preocupación por la pobreza infantil y las familias vulnerables en la región, al tiempo que ha reivindicado una financiación «más justa y suficiente» para poder prestar unos «servicios sociales de calidad».
«Una sociedad democrática, justa y social no puede permitir que existan niños, niñas y personas que no puedan disfrutar de las mismas oportunidades que el resto«, ha subrayado la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira, durante su intervención en las IX Jornadas Anuales celebradas por su entidad en la Cámara regional.
Entre las autoridades presentes en las jornadas destaca el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien ha lamentado que la pobreza infantil «se ha cronificado en los últimos años» en el país, encarnando «uno de los grandes problemas» que vive España.
«Hay regiones que tienen una especial sensibilidad a situaciones de vulnerabilidad de los menores que, en el caso de Extremadura se incrementa porcentualmente un poco con respecto a la media nacional«, ha reflexionado Pérez Correa al tiempo que ha insistido en la importancia del pacto de Estado contra la pobreza infantil que actualmente se está diseñando en la recientemente creada cartera de Juventud e Infancia.
Tras admitir que el Gobierno de la Junta de Extremadura es consciente de que «queda mucho trabajo por hacer» para conseguir una sociedad «más justa e igualitaria», la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, María Teresa Angulo, ha identificado como uno de los «mayores retos» que enfrenta la región a la prevención y reducción de la pobreza.
«Extremadura ha venido soportando, a lo largo de estos años, tasas muy altas de pobreza y exclusión social», ha apuntado apoyándose en el dato de que en el año 2022, la tasa AROPE era del 36,9 por ciento, lo que suponía «casi once puntos más que la media nacional«.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha referido a la presión fiscal como algo que será «justo» si «garantiza la inclusión y la equidad», ya que, ha considerado, «una presión fiscal que reduce los recursos del Estado, de las comunidades o de cualquier otra institución, lo único que reduce son las posibilidades para esa inclusión y ese caminar juntos«.
La clausura de la apertura institucional de las jornadas ha estado a cargo de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha instado a pasar a la «acción conjunta»para afrontar la pobreza en lugar de «permanecer impasibles ante el incremento de las desigualdades«.
