El conjunto del sector arrocero de Extremadura ha convocado una protesta el próximo viernes, 20 de marzo, a las 11:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para denunciar la grave crisis que atraviesa el cultivo del arroz y reclamar medidas urgentes que garanticen su viabilidad.

La movilización está promovida por las principales organizaciones agrarias de la región —UPA-UCE Extremadura, La Unión de Extremadura, Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres— junto con entidades integradas en la Plataforma del sector arrocero extremeño, como Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito.

Según han explicado los convocantes, el sector se encuentra en una situación “límite”, que podría desembocar en la desaparición progresiva del cultivo si no se adoptan soluciones inmediatas. Entre los factores que han conducido a este escenario destacan el incremento de las importaciones de arroz procedente de terceros países, los bajos precios en origen y la falta de herramientas eficaces para equilibrar el mercado.

Más del 60% de la cosecha, sin salida comercial

Uno de los datos más preocupantes que maneja el sector es que más del 60% del arroz producido en la campaña de 2025 permanece actualmente almacenado en cooperativas y almacenes, sin salida en el mercado. Esta situación está generando una fuerte presión económica sobre los productores, que no pueden cubrir costes ni dar continuidad a sus explotaciones.

Los arroceros denuncian que el arroz importado, especialmente desde países asiáticos, entra en el mercado europeo a precios muy por debajo de los costes de producción locales, lo que provoca una distorsión de la competencia y hunde las cotizaciones del producto nacional.

Críticas a la política comercial europea

En este contexto, las organizaciones agrarias han criticado la política comercial de la Unión Europea, que, según señalan, mantiene acuerdos con países como Camboya y Myanmar sin aplicar controles suficientes ni mecanismos de protección efectivos para los productores europeos.

A su juicio, esta situación vulnera el principio de reciprocidad, ya que los agricultores comunitarios deben cumplir estrictas normativas en materia medioambiental, laboral y de seguridad alimentaria, mientras que los productos importados no siempre están sujetos a las mismas exigencias.

Reivindicaciones del sector

Ante esta realidad, el sector arrocero extremeño reclama una respuesta coordinada y urgente por parte de todas las administraciones implicadas —Junta de Extremadura, Gobierno de España y Unión Europea— para garantizar el futuro del cultivo.

Entre sus principales demandas destacan:

La activación de cláusulas de salvaguardia efectivas que permitan limitar las importaciones en situaciones de crisis de mercado.

La implantación de un etiquetado claro y obligatorio del origen del arroz, que permita a los consumidores tomar decisiones informadas.

El cumplimiento del principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales.

La puesta en marcha de medidas de apoyo económico y estructural para los productores afectados.

Impacto social, económico y territorial

Los convocantes advierten de que la crisis del arroz no solo afecta a los agricultores, sino que tiene un impacto directo sobre el conjunto del medio rural extremeño. Este cultivo genera empleo, fija población en el territorio y contribuye al mantenimiento de la actividad económica en numerosas comarcas.

Asimismo, alertan de que la pérdida de producción local podría tener consecuencias en términos de seguridad alimentaria y dependencia exterior, en un contexto internacional cada vez más incierto.

Llamamiento a la movilización

Por todo ello, el sector hace un llamamiento a agricultores, profesionales del ámbito agroalimentario y consumidores para que participen en la protesta del próximo 20 de marzo en Badajoz y muestren su apoyo a un cultivo estratégico para Extremadura.

“Nos jugamos el futuro del arroz extremeño y el de miles de familias que dependen de él”, subrayan las organizaciones convocantes, que insisten en la necesidad de una respuesta inmediata para evitar un deterioro irreversible del sector.