El profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx), Gabriel Moreno González, será el presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres. Se trata de un nuevo órgano consultivo que pretende dar voz a la sociedad en asuntos socioeconómicos con la representación de empresarios, sindicatos, asociaciones de mujeres, LGTBI+, pensionistas, universidad, etc.

Gabriel Moreno González (Valencia de alcántara, 1991), «tiene un expediente brillante en cuanto a estudios y preparación», ha explicado la vicepresidenta Primera y portavoz del equipo de Gobierno de la diputación cacereña, Esther Gutiérrez, que ha indicado que «a pesar de su corta edad» es una persona con una alta preparación.

No en vano cuenta con premios al mejor expediente académico, Premio Nacional de la Ciencia Académica, máster universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y numerosas investigaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autonómica de México en 2015, en la Universidad Federal de Brasil en 2018, en la de Coimbra en 2021, así como varias publicaciones.

«Es una persona muy reconocida también a nivel internacional por las colaboraciones que hace y cuenta con una dilatada trayectoria y experiencia profesional», ha apuntado Gutiérrez, que ha avanzado que la idea es que el Consejo Provincial de Políticas Públicas «comience a andar desde ya con este nombramiento».

A este órgano se incorporarán el resto de personas que lo conforman, hasta un total de 16 miembros, de asociaciones y agentes sociales y económicos, en representación «de toda la sociedad de la provincia de Cáceres».

Cabe recordar que el Consejo Provincial de Políticas Públicas es una especie de órgano asesor en el que estarán representados varios colectivos de la sociedad civil (asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, empresarios, universidad, etc) para aportar ideas sobre las necesidades sociales y fomentar la participación ciudadana en las decisiones políticas que afectan a la provincia.

Se trata de un órgano consultivo cuyos miembros no tendrán retribución y que se encargarán de emitir informes sobre las cuestiones que se planteen para enfocar las inversiones necesarias de la diputación cacereña.

EP