La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Valencia, ha afirmado que “durante todos estos meses la consejería de Educación ha estado trabajando con las empresas para firmar un acuerdo marco con el que todos estaban de acuerdo y suponía la subida de los precios en algunos casos de un 30 y 50 por ciento.
En las últimas semanas la consejería de Educación ha recibido amenazas y coacciones de una minoría de las empresas donde pedían una subida aún mayor de los precios tras haberlos acordado anteriormente, y no se podía ceder ante esos chantajes”.
La oposición tienen que decidir si están al lado del Gobierno de María Guardiola que trabaja por defender el derecho a la educación y la gestión de los recursos de todos los extremeños, o si por el contrario están al lado de unas empresas que coaccionan, chantajean y quieren jugar con el dinero de todos los extremeños utilizando como rehenes a 7.000 alumnos.
“Es un servicio esencial para nuestra comunidad autónoma. El Gobierno de María Guardiola es un gobierno que trabaja y que defiende los intereses y el derecho a la educación de todos los alumnos.
Y también un gobierno responsable que defiende los recursos económicos de todos los extremeños”, ha señalado Sandra Valencia.
Las empresas trabajaban anteriormente con precios del año 2016 ya que el PSOE no los había actualizado, y desde que la presidenta María Guardiola llegó al Gobierno de la Junta de Extremadura se ha trabajado para solucionarlo.
La portavoz de Educación del GPP ha asegurado que “en el último mes se han mantenido más de 18 reuniones y estamos sorprendidos con lo que está pasando estos días”.
