El Partido Popular de Badajoz, a través de su presidente provincial, Manuel Naharro y el presidente local del partido en Salvatierra de los Barros, Abel Caro, exigen que el ex alcalde del PSOE de la localidad, José Francisco Saavedra, se disculpe por acusar falsamente de agresión a varias vecinas de la localidad durante las protestas masivas en contra del proyecto del macrovertedero.

 

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado, con fecha de 29 de mayo de 2024, desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por el ex primer edil socialista ante un auto del Juzgado de Primera Instancia de Jerez de los Caballeros de febrero de este año también, en el que se desestimaba la denuncia presentada por Saavedra por una supuesta agresión ocurrida en octubre de 2022 durante las protestas el pueblo de Salvatierra de los Barros contra el proyecto de macrovertedero que él mismo lideraba y apadrinaba.

 

Tanto el auto de la Audiencia como el del Juzgado jerezano son demoledores para la credibilidad de quien fuera acalde de Salvatierra, señalando textualmente que «existe una ausencia absoluta de relación entre las lesiones denunciadas y las que obran en el informe medico forense» y que, además, «no existe más que la declaración del perjudicado y su progenitor, sin que puedan considerarse pruebas suficientes para la enervación del principio de presunción de la inocencia, sino que además se contradice por pruebas objetivas consistentes en la declaración de cuatro testigos y el informe médico forense».

 

En su momento, tal y como recogió la prensa regional, desde el entorno del PSOE y del ex alcalde, se quiso vincular la supuesta agresión, ahora desacreditada, a la cercanía de las personas denunciadas al Partido Popular, dejando meridianamente claro, tras el auto judicial, que esa acusación no era más que un burdo intento de desviar el foco de atención de lo que realmente ocurría en aquel momento en Salvatierra de los Barros, que no era más que el rechazo unánime de todo un pueblo, y su comarca, a un proyecto liderado por Saavedra.

 

Ese auto, de la Audiencia Provincial, deja claro que «de las diligencias practicadas no cabe concluir la existencia de indicios suficientes que acrediten la comisión del delito de atentado a la autoridad denunciado», a lo que se añade que «el único indicio en relación con los hechos denunciados reside en la declaración del perjudicado y en la de su progenitor, relación de parentesco que impide apreciar con total imparcialidad su relato de los hechos. Estas declaraciones se contradicen con lo afirmado por los testigos que declararon, quienes carecen de lazo alguno con cualquiera de las partes que altere la imparcialidad de su declaración y que corroboran la versión de las investigadas».