El diputado del PP por Badajoz en el Congreso, Antonio Cavacasillas, defendió ayer en la Comisión de Política Territorial, una Proposición no de Ley, firmada junto al también diputado pacense, Alfonso Macías, y la portavoz del GPP, Ester Muñoz, instando al Gobierno de España a convertir la N-432 en la autovía A-81 para unir la provincia de Badajoz con las de Córdoba, Jaén y Granada.

 

La PNL, firmada también por los diputados del PP por Cáceres, Cristina Teniente y Carlos Floriano, reivindica esta reclamación histórica como una actuación estratégica de cohesión, conexión y vertebración de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura, que el actual Gobierno de Sánchez ha querido descartar de su agenda de infraestructuras.

 

Cavacasillas recordó en su intervención ante la Comisión del Congreso esta autovía entre Extremadura y Andalucía como una actuación estratégica para reforzar la integración funcional de las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada dentro del sistema estatal de comunicaciones, que “durante más de dos décadas, instituciones autonómicas, diputaciones, ayuntamientos, plataformas ciudadanas y agentes socioeconómicos del conjunto del corredor han reclamado como elemento esencial de vertebración territorial y de oportunidad para los territorios del interior”.

 

Para el PP esta autovía debe ejecutarse en su totalidad, evitando fragmentaciones, dado que la modernización integral del corredor Badajoz-Granada “no sólo responde a necesidades de movilidad, sino a la obligación de garantizar un marco territorial equilibrado en el que municipios y comarcas no queden relegados por infraestructuras insuficientes. Además de que, la N-432 figura entre las carreteras con mayor siniestralidad de España, especialmente en sus tramos a la altura de Badajoz, donde entre 2019 y 2023 se alcanzaron índices superiores en más de diez veces a la peligrosidad media nacional. Solo en 2024 la siniestralidad grave aumentó un 17,51%. Estos datos ponen de manifiesto la urgencia de una intervención que combine la mejora de la seguridad vial con la garantía de igualdad territorial para los municipios de las comarcas afectadas por su trazado”.

En este sentido, el diputado por Badajoz, añadió que la A-81 es “fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades entre territorios, mejorar la movilidad interprovincial, impulsar el turismo, favorecer el desarrollo socioeconómico y combatir la despoblación en la provincia de Badajoz”

 

Los avances recientes, como la Declaración de Impacto Ambiental para el tramo Badajoz-Zafra, no es suficiente, y debe añadirse a esta actuación un calendario, un presupuesto realista y que se ejecute en su totalidad para hacer realidad todo el trazado de la A-81 para unir de forma segura y rápida Badajoz con Córdoba, Jaén y Granada, sin parches ni troceos. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como el Partido Popular de Extremadura y de la provincia de Badajoz ha defendido siempre la necesidad inaplazable de ejecutar la autovía de forma íntegra y continua, sin soluciones intermedias que perpetúen el desequilibrio territorial existente.

Por todo ello, el GPP insta al Gobierno a impulsar de manera definitiva la conversión integral de la carretera nacional N-432 en la autovía A-81, desde Badajoz hasta Granada, garantizando la financiación necesaria y asegurando la coherencia territorial del trazado, en consonancia con los objetivos de cohesión y equilibrio interterritorial entre Extremadura y Andalucía.

También a contratar, dentro del ejercicio 2025, la redacción de los proyectos de ejecución para todos los tramos pendientes, integrándolos en una planificación territorial continua y coordinada con las administraciones autonómicas y locales, evitando soluciones inconexas que comprometan la unidad territorial del corredor; y establecer un calendario de planificación y ejecución con plazos y objetivos técnicos definidos, priorizando el tramo de Badajoz por ser uno de los puntos con mayor accidentalidad grave y mortal en la red estatal.

Finalmente, desde el GPP se pide al Gobierno de España dotar las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado necesarias para garantizar la realización progresiva y ágil de toda la autovía, atendiendo a criterios de equidad territorial y respondiendo a las demandas de los ciudadanos, ayuntamientos y plataformas de las provincias afectadas; y priorizar esta actuación en la estrategia nacional de seguridad vial, infraestructura y vertebración, abordando de inmediato los tramos con mayor índice de siniestralidad y riesgo de accidentes mortales.