El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2026 ha provocado la presentación de tres enmiendas a la totalidad por parte de los principales grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura. El texto, promovido por el Ejecutivo que preside María Guardiola, ha sido calificado por varios portavoces parlamentarios como un “órdago electoral”, al considerar que incorpora medidas de fuerte carga política y un marcado componente preelectoral.

El documento, registrado en la Cámara regional a comienzos de octubre, asciende a 7.015 millones de euros e incluye un incremento del gasto del 4,2 % respecto al ejercicio anterior. Según el Gobierno autonómico, se trata de “unas cuentas realistas, prudentes y sociales” que buscan consolidar la recuperación económica, reforzar los servicios esenciales y garantizar la estabilidad presupuestaria de la comunidad.

Un presupuesto con sello preelectoral

El Ejecutivo ha defendido que los presupuestos de 2026 responden a “un modelo de gestión responsable” que combina el crecimiento económico con el refuerzo del gasto social. Entre las principales líneas de actuación, destacan el aumento de la inversión en sanidad (6,1 % más), educación (5,3 %) y políticas de empleo (4,8 %), además de la inclusión de un plan específico de apoyo a la industria agroalimentaria y al tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas.

Fuentes del Ejecutivo regional subrayan que el proyecto “responde a los compromisos adquiridos con los ciudadanos y da continuidad a las políticas de impulso económico y bienestar social”. La presidenta María Guardiola ha insistido en que “no se trata de unas cuentas electorales, sino de unas cuentas para Extremadura, pensadas para fortalecer los servicios públicos y garantizar oportunidades en todas las comarcas”.

Tres enmiendas a la totalidad

Pese a la defensa del Gobierno, los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas por Extremadura y Vox han presentado enmiendas a la totalidad del texto, coincidiendo en solicitar su devolución al Ejecutivo.

PSOE: “Un presupuesto sin rumbo ni credibilidad”

El portavoz socialista ha calificado el proyecto de “presupuesto sin rumbo, sin credibilidad y sin planificación”. En su opinión, el Ejecutivo “ha diseñado unas cuentas más centradas en la propaganda que en la gestión, con previsiones de ingresos infladas y sin medidas estructurales para resolver los problemas reales de Extremadura”.

El grupo socialista ha destacado además la “falta de diálogo previo” en la elaboración del documento. González lamentó que “el Gobierno haya preferido aprobar las cuentas en solitario, sin escuchar las aportaciones de la oposición ni de los agentes sociales”. Entre las principales críticas, el PSOE apunta a “la escasa atención al medio rural, la insuficiencia en materia de vivienda y el retroceso en políticas de igualdad”.

Unidas por Extremadura: “Ni verde, ni feminista, ni social”

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha manifestado que el presupuesto “ni es verde, ni feminista, ni social”. Su grupo considera que el proyecto “renuncia a una transformación ecológica real, no incorpora medidas ambiciosas contra la precariedad y mantiene recortes encubiertos en programas de igualdad y medio ambiente”.

De Miguel también ha reprochado al Gobierno “una visión economicista y cortoplacista”, denunciando que “el crecimiento económico no se traduce en mejoras palpables para la mayoría social”. Según su grupo, el presupuesto “deja fuera la transición justa, no garantiza la suficiencia de los servicios públicos y reduce la inversión directa en sectores estratégicos”.

Vox: “Demasiado gasto, poca eficiencia”

El portavoz de Vox, Álvaro Valdés, ha argumentado que su grupo presenta una enmienda a la totalidad porque “estas cuentas perpetúan un modelo de gasto ineficiente y no avanzan en la reducción del tamaño de la Administración”. Valdés ha insistido en que “Extremadura necesita un presupuesto que baje impuestos, elimine duplicidades y priorice la inversión productiva frente al gasto corriente”.

Vox considera además que el Ejecutivo “ha cedido ante la inercia de los grandes aparatos administrativos” y que el proyecto “mantiene un nivel de endeudamiento preocupante”. Aun así, el grupo no descarta participar en el debate de las enmiendas parciales “si el Gobierno se abre a introducir medidas de racionalización y control del gasto”.

Defensa del Ejecutivo regional

Desde el Gobierno autonómico se subraya que las enmiendas a la totalidad “forman parte del debate parlamentario habitual” y que el texto presentado “responde a criterios de responsabilidad y equilibrio financiero”. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Nevado, ha asegurado que las cuentas de 2026 “consolidan un modelo de estabilidad que permite atender los compromisos de gasto sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario”.

Nevado defendió que el proyecto “garantiza la continuidad de los servicios esenciales y refuerza la inversión productiva”, destacando partidas específicas para infraestructuras, innovación, educación digital y sanidad. “Es un presupuesto que combina rigor técnico con sensibilidad social y que está diseñado para mejorar la competitividad regional”, afirmó.

Reacciones de los agentes económicos y sociales

Las reacciones al proyecto también han llegado desde el ámbito económico y social. La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha valorado positivamente “la orientación inversora y el esfuerzo por contener el déficit”, aunque ha pedido “más concreción en las medidas de apoyo a las pymes y mayor agilidad administrativa”.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han coincidido en señalar que las cuentas “mantienen una visión continuista” y reclaman “un mayor esfuerzo en la mejora salarial de los empleados públicos, la financiación de los servicios sociales y el impulso a las políticas activas de empleo”.

La Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX) ha solicitado al Ejecutivo “mayor participación del ámbito local en la ejecución de los fondos europeos”, subrayando la importancia de “mantener la cohesión territorial y el equilibrio entre zonas urbanas y rurales”.

Tramitación parlamentaria

El calendario legislativo establece que el Pleno de la Asamblea debatirá las enmiendas a la totalidad la próxima semana. Si las tres son rechazadas, el texto pasará a la fase de comisión, en la que los grupos podrán presentar enmiendas parciales a los diferentes programas y capítulos.

Fuentes parlamentarias confirman que, de mantenerse el calendario previsto, el presupuesto podría quedar aprobado definitivamente a mediados de diciembre, permitiendo su entrada en vigor el 1 de enero de 2026. En caso contrario, el Gobierno tendría que prorrogar las cuentas del ejercicio 2025, un escenario que el Ejecutivo considera “no deseable”.

Contexto económico y político

El debate presupuestario se desarrolla en un contexto económico de crecimiento moderado en Extremadura, con un aumento estimado del PIB regional del 2,1 % y una tasa de paro situada en torno al 15,3 %, según los últimos datos del Instituto de Estadística de Extremadura. El Ejecutivo ha basado parte de sus previsiones de ingresos en la continuidad de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, especialmente en áreas como digitalización, transición ecológica y reindustrialización.

A nivel político, el debate llega en un momento de especial sensibilidad, a pocos meses de que arranque el ciclo electoral de 2026. Analistas parlamentarios coinciden en que el rechazo o la aprobación de los presupuestos podría marcar el tono de la segunda mitad de la legislatura y definir las alianzas futuras en el Parlamento extremeño.

Expectación ante el debate de totalidad

El debate de totalidad, previsto para la próxima semana, se anticipa como uno de los más relevantes del actual periodo legislativo. Los grupos afrontan la sesión con posiciones muy distantes, aunque algunos portavoces no descartan “espacios de diálogo” en la fase de enmiendas parciales.

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha recordado que “el presupuesto es la principal herramienta de planificación económica y social del Gobierno autonómico” y ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad política de todos los grupos para favorecer un debate riguroso y constructivo”.

Perspectiva institucional

Independientemente del resultado de las enmiendas, el proceso presupuestario de 2026 se perfila como un hito institucional de especial relevancia para la Comunidad Autónoma. Tanto el Ejecutivo como la oposición reconocen que el presupuesto definirá el marco financiero de la región en un momento de transformación económica, con retos ligados a la despoblación, la digitalización y la sostenibilidad.

La tramitación continuará durante las próximas semanas con la comparecencia de los responsables de cada departamento autonómico ante la Comisión de Presupuestos, antes de la aprobación final en el pleno.