Dichos «graves incidentes» han tenido lugar esta pasada semana, cuando dos presos procedentes del módulo 2, tras un «incidente regimental», ingresaron en el módulo 6, exigiendo compartir celda.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha lamentado un intento de apuñalamiento por parte de un preso hacia trabajadores del Centro Penitenciario de Badajoz, al tiempo que ha reclamado al Ministerio del Interior un incremento de la plantilla y la adecuación de los medios coercitivos «al siglo XXI».

Dichos «graves incidentes» han tenido lugar esta pasada semana, cuando dos presos procedentes del módulo 2, tras un «incidente regimental», ingresaron en el módulo 6, exigiendo compartir celda.

Según ha explicado en nota de prensa la APFP, cuando se les denegó su petición por carencia de celdas libres, uno de esos internos «con extremada violencia y previas amenazas de muerte» intentó golpear a un funcionario de servicio, viéndose el resto de trabajadores obligados a inmovilizar al preso, con la ayuda de efectivos de refuerzo.

Al día siguiente, cuando se procedió al reparto del desayuno al interno, este se abalanzó contra la puerta «golpeándola violentamente», logrando salir al pasillo «esgrimiendo dos pinchos carcelarios, uno en cada mano, e intentando apuñalar a los funcionarios allí presentes».

En ese momento, explica la asociación, los trabajadores de la prisión solicitaron refuerzos hasta que, finalmente, tras poner «en grave peligro» su propia «integridad física» lograron reducir al interno.

Según ha explicado la APFP, se solicitó el traslado del referido interno a otro centro, así como la aplicación del Artículo 91.2 (primer grado). No obstante, agrega la asociación, la respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue que «a pesar de la gravedad de los hechos y que el Centro Penitenciario de Badajoz no tiene departamento de régimen cerrado, el interno continuará en ese centro y en segundo grado».

Esa respuesta, ha lamentado la asociación, constituye un «claro ejemplo de la inseguridad con la que trabajan los profesionales penitenciarios a diario» y deja el «claro mensaje» de que «los internos pueden insultar, amenazar, intentar apuñalar, poner en peligro la integridad física o la vida de los trabajadores penitenciarios, que por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no son capaces de ni de trasladarlo ni de cambiar su régimen de vida».

«Un día tendremos que lamentar la muerte de un funcionario de prisiones a manos de un interno, por la falta de rigor y el buenismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior», ha espetado APFP.

Finalmente, la asociación ha reiterado su petición a la cartera de Interior de que se reconozca a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, su reconocimiento como profesión de riesgo, la aprobación de pistolas taser y una actualización retributiva con equiparación salarial con sus compañeros de Cataluña.