El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la jubilación activa para médicos de Atención Primaria y Pediatría, una medida excepcional que permitirá que 78 facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) continúen ejerciendo su labor asistencial mientras compatibilizan su trabajo con el cobro del 75% de su pensión contributiva.
La iniciativa, puesta en marcha en 2022 y cuya vigencia finalizaba el pasado 28 de diciembre de 2025, ha sido extendida “in extremis” durante un año más por el Gobierno central, evitando así el cese obligatorio de estos profesionales sanitarios. De los 78 médicos beneficiados en Extremadura, 74 son facultativos de Medicina de Familia que prestan servicio en centros de salud y consultorios, y cuatro son especialistas en Pediatría.
A nivel nacional, alrededor de 1.200 profesionales del Sistema Nacional de Salud se habían acogido a esta modalidad, que les permite percibir el 75% de la pensión —frente al 50% habitual— mientras continúan en activo. Con la prórroga aprobada, podrán seguir beneficiándose de ese incremento del 25%.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, destacó tras el Consejo de Ministros que la decisión se adopta “porque creemos que es beneficiosa y porque ha dado resultados muy favorables”, subrayando su impacto positivo en la sostenibilidad del sistema sanitario público.
La prórroga llega tras semanas de incertidumbre para los profesionales afectados y para las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, la Consejería de Salud, dirigida por Sara García Espada —actualmente en funciones—, había solicitado formalmente al Ministerio la continuidad de la medida, advirtiendo de que su finalización tendría un “impacto negativo en el sistema público de salud” de la región.
Un balón de oxígeno ante el déficit de médicos
La jubilación activa se ha consolidado como una herramienta clave para mitigar la escasez de médicos, especialmente en Atención Primaria. No obstante, el déficit de profesionales continúa siendo una realidad estructural, más acusada en territorios como Extremadura, donde las plantillas presentan un elevado grado de envejecimiento y los cupos de pacientes por médico superan con frecuencia los límites recomendados.
Según el Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, elaborado por el Ministerio de Sanidad junto a investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más de la mitad de los facultativos del sistema sanitario público extremeño (51%) supera los 50 años, y casi uno de cada cuatro (22,4%) tiene más de 60. Esta proporción sitúa a Extremadura entre las comunidades con las plantillas médicas más envejecidas del país, solo por detrás —y por escaso margen— de Galicia, Aragón y Castilla y León.
El informe señala que en 2023 existía un déficit de 5.874 médicos en el conjunto del país. Aunque se prevé una reducción progresiva de esta carencia a partir de 2031, con un cambio de tendencia claro en 2033, en Extremadura la falta de facultativos se prolongará al menos hasta 2030, según ha advertido reiteradamente el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Extremadura.
Relevo generacional y jubilaciones previstas
El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES estima que entre 2025 y 2027 será necesario encontrar reemplazo para más de 350 posibles bajas por jubilación, a las que podrían sumarse otras derivadas de enfermedad o salidas de profesionales hacia otros territorios. Más de un centenar de estas jubilaciones corresponderán a médicos de Familia, una especialidad especialmente tensionada.
En Medicina Familiar y Comunitaria, casi un 30% de los facultativos extremeños supera los 60 años y cerca del 59% tiene más de 50, lo que evidencia la urgencia del relevo generacional. Además, cada año se jubilan más médicos de los que finalizan la formación MIR. En 2025, solo el 60% de los 229 residentes que concluyeron su especialidad ha optado por permanecer trabajando en el SES, mientras que otros profesionales se trasladan a otras comunidades, al sector privado o al extranjero.
Otras medidas complementarias
A la jubilación activa se suma en Extremadura otra medida destinada a paliar la escasez de facultativos: la posibilidad de prolongar la vida laboral hasta los 70 años. En este caso, el profesional no se jubila al alcanzar la edad ordinaria y continúa en activo sin percibir pensión.
Esta opción, vigente desde febrero de 2020, está sujeta a la existencia de necesidades asistenciales y al cumplimiento de requisitos que garanticen la plena capacidad del profesional y el adecuado desempeño de sus funciones. Una comisión técnica de la Mesa Sectorial de Sanidad evalúa las solicitudes con carácter consultivo, y la autorización —concedida por Recursos Humanos del SES— tiene una duración inicial de un año, renovable si se mantienen las condiciones exigidas.
Con la prórroga de la jubilación activa, el Gobierno central y las administraciones autonómicas ganan tiempo para reforzar la planificación de recursos humanos y garantizar la atención sanitaria, especialmente en una comunidad como Extremadura, donde el envejecimiento de las plantillas y la dificultad para atraer nuevos profesionales siguen siendo retos prioritarios.



