El Ejecutivo ha activado de forma simultánea dos procesos que, aunque formalmente compatibles, reflejan la complejidad política y estratégica que rodea el futuro de la central nuclear de Almaraz. Por un lado, el Gobierno avanza en los trabajos técnicos necesarios para diseñar su cierre y desmantelamiento conforme al calendario actualmente vigente, que fija el apagado de los reactores en 2027 y 2028. Por otro, mantiene abierto el análisis de la solicitud presentada por las grandes eléctricas propietarias de la instalación para retrasar su clausura y extender su funcionamiento hasta el año 2030.

Esta doble vía no responde únicamente a criterios técnicos, sino que evidencia el delicado equilibrio que el Ejecutivo trata de mantener entre el cumplimiento del marco regulatorio aprobado, los compromisos adquiridos en materia de transición energética y descarbonización, y la creciente presión política, territorial y empresarial para garantizar la continuidad de una de las centrales nucleares más relevantes del país.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo la dirección de la vicepresidenta Sara Aagesen, se sitúa en el centro de esta encrucijada. El departamento debe pronunciarse sobre la petición formal remitida por Iberdrola, Endesa y Naturgy —socias en el accionariado de Almaraz—, pero al mismo tiempo está obligado a impulsar los procedimientos administrativos asociados al cierre, ya que el calendario vigente sigue siendo, a día de hoy, el único marco legal plenamente operativo.

Un contrato que consolida el escenario del cierre

En este contexto, el papel de Enresa adquiere una relevancia estratégica. La empresa pública, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, se encuentra en la fase final para adjudicar el contrato destinado a diseñar el desmantelamiento de la central nuclear. Se trata de un encargo valorado en 27,4 millones de euros, que permitirá elaborar los estudios de ingeniería, los proyectos técnicos y la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmontaje de la instalación.

Más allá de su dimensión técnica, esta contratación supone un mensaje político claro: el Gobierno continúa avanzando en la planificación del cierre conforme a los plazos establecidos, independientemente de que se esté analizando una eventual prórroga. La licitación, marcada por retrasos, ampliaciones de plazos y una elevada complejidad administrativa, ha culminado con la propuesta de adjudicación al consorcio formado por Westinghouse Electric y Empresarios Agrupados Internacional.

El cierre definitivo del contrato está previsto para principios de 2026, un horizonte temporal que encaja con las exigencias del Plan General de Residuos Radiactivos, que obliga a iniciar las labores preparatorias del desmantelamiento entre tres y cinco años antes del cese de actividad.

La dimensión histórica y simbólica de Almaraz

La elección de Westinghouse como socio tecnológico refuerza la carga simbólica del proceso. La multinacional estadounidense fue uno de los actores clave en la construcción y puesta en marcha de la central en las décadas de 1970 y 1980, al diseñar y suministrar los reactores y el combustible inicial. Cuatro décadas después, la misma compañía se perfila como uno de los actores principales en el diseño de su clausura, lo que subraya el carácter de ciclo completo que está alcanzando la política nuclear española.

Almaraz no es una central cualquiera. Su peso en el sistema eléctrico, su impacto económico y laboral en Extremadura y su valor estratégico en el debate energético nacional la han convertido en un símbolo recurrente de las tensiones entre seguridad de suministro, transición ecológica y política industrial.

La ofensiva empresarial para retrasar el cierre

Las grandes eléctricas han intensificado en los últimos meses su estrategia para evitar el cierre de la central en las fechas previstas. Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizaron hace dos meses su solicitud para retrasar la clausura hasta junio de 2030, en una maniobra que busca ganar tiempo y preservar la aportación de la nuclear al mix energético en un contexto de incertidumbre sobre precios, capacidad de respaldo y estabilidad del sistema.

El Gobierno trasladó la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), consciente de que cualquier decisión política deberá apoyarse previamente en un informe técnico favorable del regulador. De este modo, el Ejecutivo desplaza el primer nivel de decisión a un organismo independiente, lo que le permite ganar margen temporal y político en un asunto altamente sensible.

El CSN ha solicitado información técnica adicional a las empresas y les ha concedido un plazo de dos meses para completarla. Aunque el regulador dispone legalmente hasta agosto de 2027 para emitir su informe, diversas fuentes del sector apuntan a que el análisis podría resolverse con mayor rapidez, dado que la última revisión periódica de seguridad de la central cubre hasta 2030, precisamente el horizonte temporal solicitado por las eléctricas.

Fiscalidad, plazos y estrategia de desgaste

El pulso entre el Gobierno y las compañías eléctricas se ha desarrollado también en el terreno fiscal. Durante meses, las empresas condicionaron la presentación de la solicitud de prórroga a la obtención de una rebaja de la carga impositiva que soportan las centrales nucleares, una demanda que no fue atendida por el Ejecutivo. Esta falta de acuerdo retrasó la solicitud oficial y acabó forzando a las compañías a presentar de forma simultánea la petición de ampliación de vida útil y la documentación obligatoria para el cierre.

Desde el punto de vista político, esta situación refuerza la posición del Gobierno: al mantener vivos los procedimientos de clausura, el Ejecutivo evita quedar atrapado en un escenario de hechos consumados y conserva capacidad de maniobra ante una eventual negativa a la prórroga.

El papel del regulador y el margen de decisión política

Por el momento, el Consejo de Seguridad Nuclear centrará sus esfuerzos exclusivamente en el análisis de la posible ampliación de la autorización de explotación de Almaraz y dejará en suspenso el expediente de cese. El regulador entiende que el encargo formal recibido del Gobierno se limita, en esta fase, a evaluar los requisitos técnicos y de seguridad asociados a la prórroga solicitada.

La decisión final, sin embargo, será inevitablemente política. Aunque el informe del CSN es condición necesaria, no es suficiente: corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica determinar si autoriza o no la ampliación, ponderando factores técnicos, económicos, territoriales y estratégicos.

En este contexto, el avance de los trabajos para diseñar el desmantelamiento de Almaraz actúa como un recordatorio constante de que el cierre sigue siendo el escenario base del Gobierno. La coexistencia de ambos procesos —preparar la clausura mientras se analiza su aplazamiento— refleja no sólo una exigencia legal, sino también una estrategia política orientada a mantener el control del calendario y del relato en uno de los debates energéticos más sensibles del país.