El Defensor del Pueblo mantiene en su listado de administraciones entorpecedoras a nueve ayuntamientos extremeños, y también a una mancomunidad

Cinco de los consistorios están en la provincia de Badajoz, y son los de la capital, Montijo, Olivenza, Talavera la Real y Campillo de Llerena. Los cuatro cacereños son los de Montehermoso, Cañamero, Aldea del Cano y Valdeíñigos. Completa la relación la Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz, según la información proporcionada por el propio Defensor en su web.

En este portal se explica que se cataloga como entorpecedoras a a toda aquella institución pública «que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones». «En caso de no colaborar, la Institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal», advierte la oficina que dirige el exministro socialista Ángel Gabilondo, que sustituyó al extremeño Francisco Fernández Marugán.

El Defensor también recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responderle y colaborar con él, lo que implica remitirle la información que se les solicita.

Entre los nueve ayuntamiento de la comunidad autónoma que no han respondido a la petición de esta herramienta de defensa de los derechos ciudadanos destaca el caso de Montehermoso, que acumula casi 1.300 días de retraso. Esto significa que le fue remitido el tercer requerimiento hace más de tres años y medio y todavía no ha contestado.

Es con diferencia el caso más flagrante, por el tiempo que hace desde que le fue enviada la solicitud. La siguiente administración local extremeña que más tiempo se está tomando para atender al Defensor del Pueblo es Valdeíñigos, entidad local menor –depende de Tejeda de Tiétar– que supera ya los setecientos días de demora. Cañamero y la Mancomunidad de municipios del Valle del Ambroz se acercan a los quinientos días desde que les fue remitida la tercera petición informativa, mientras que el último ayuntamiento cacereño en esta relación, el de Aldea del Cano, ronda el centenar.

En Badajoz, el consistorio de la capital y el de Campillo de Llerena se acercan también a los 500 días de demora, aunque el caso de esta última localidad es particular, porque tiene un segundo requerimiento pendiente, que está a punto de cumplir el centenar de días de retraso en contestar, según la web del Defensor. El consistorio de Talavera La Real tiene otro asunto pendiente con esta institución pública desde hace ya casi 450 días, y más de cuatrocientos el de Olivenza. Por último, el de Montijo figura en el listado de administraciones entorpecedoras porque hace casi doscientos días que se le envió el tercer requerimiento.

Hay que recordar que a esta institución se puede dirigir cualquier ciudadano para formular su queja contra la administración. Estas reclamaciones pueden presentarse rellenando en su formulario en su web, en la que no se especifica el contenido de las solicitudes sin contestar por las administraciones entorpecedoras.

Los asuntos que atiende el equipo de Gabilondo son de lo más variado, como constata la última memoria anual, presentada el pasado marzo y relativa al trabajo desarrollado durante el ejercicio de 2022. En lo que a Extremadura se refiere, el Defensor del Pueblo atendió una queja por la mala calidad del aire en Cordobilla de Lácara, donde desde hace años se produce carbón vegetal, que llevó a la institución a concluir que la Junta «ha tramitado algunos procedimientos sancionadores (a empresas dedicadas a esta producción), pero no ha realizado inspecciones suficientes en el periodo de mayor actividad ni ha adoptado provisionales como el precinto o la retirada de los hornos».

También ha atendido una queja sobre la demora en recuperar servicios de transporte público suspendidos durante la pandemia en Don Benito; otra sobre la consulta de Angiología y Cirugía vascular en Cáceres; y ha formulado sugerencias por distintos motivos al ayuntamiento de Mérida o el Colegio de Abogados de Badajoz.