El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se fijan los precios públicos de las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura en el curso académico 2023/2024, que seguirán equiparados a los del curso 2011/12, según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente segundo, consejero de Sanidad y Servicios Sociales y portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.
Este decreto, según ha manifestado el portavoz en funciones, permite lograr no solo la consolidación de una Universidad de Extremadura de calidad sino también «de las más asequibles» de todo el país, y en la que se priman los méritos por encima de la capacidad económica del alumnado.
En este nuevo decreto se mantienen determinados beneficios en el pago de las matrículas, no sólo al alumnado en situaciones económicas y/o sociales específicas reguladas en anteriores decretos, como familias numerosas, estudiantes con discapacidad, víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, sino también a las personas que tienen reconocida la situación de personas refugiadas o que ostenten el derecho a la protección.
Además, se mantiene también la posibilidad de fraccionar el pago de las matrículas (hasta en 10 plazos) que realice el alumnado de la Universidad de Extremadura.
El portavoz en funciones ha asegurado que la bonificación de la Junta de Extremadura en el pago de las matrículas afecta aproximadamente al 40 por ciento de los alumnos, es decir, unos 8.000 alumnos de los 20.000 con que cuenta la institución universitaria extremeña, y ha cuantificado en una cifra de entre 4 y 5 millones de euros lo que supone económicamente esta bonificación.
Asimismo, ha recordado que se ha dotado a la Universidad de Extremadura de una «financiación estable» para garantizar su viabilidad económica.
CONSTRUYE TU FUTURO
Por otra parte, según ha informado Vergeles, el Ejecutivo ha autorizado la contratación del servicio para la implantación de actuaciones generales adscritas al Programa «Construye tu futuro», de apoyo a la inserción sociolaboral de jóvenes bajo cumplimiento de medidas judiciales, por importe total de 2.247.497,23 euros y una financiación del 85 por ciento con cargo al Fondo Social Europeo Plus.
Se trata, ha señalado el portavoz en funciones, de una medida con la que se pretende garantizar la plena inserción de estos jóvenes mediante la convivencia en un tipo de viviendas que simulan «una vida autónoma» y que están situadas en las principales ciudades de la región: Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida.
Serán una media de treinta jóvenes los que puedan acogerse a esta medida.
Otro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy es la autorización para encargar a la empresa pública Tecnología y Servicios Agrarios S.L. (Tragsatec) las actuaciones para el desarrollo de la segunda fase de los programas de sanidad animal en la Comunidad Autónoma en el año 2023, por un importe total de 2.711.683,84 euros.
Se trata, ha señalado Vergeles, de una medida que tiene «mucha importancia» porque se trata de un sector productivo fundamental y «una buena sanidad animal permite la movilización del ganado». Los trabajos se centrarán fundamentalmente en la prevención y la lucha contra la tuberculosis bovina, la brucelosis y la lengua azul.
Finalmente, en cuanto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de las obras de restauración del Castillo de Marmionda, en Portezuelo, con un presupuesto de 1.701.945 euros y financiación con cargo a fondos de la Unión Europea-Next Generation EU.
La fortaleza se encuentra asentada en lo alto de un cerro de la Sierra de Arco, a 1,5 kilómetros de la localidad de Portezuelo, y está catalogada como Bien de Interés Cultural.
De forma generalizada el castillo se encuentra muy deteriorado como consecuencia de la exposición permanente a los agentes meteorológicos y por el mal estado en que se encuentran sus elementos, debido a que el aporte de cal en rellenos y rejuntados de la mampostería es pobre.
GOBIERNO EN FUNCIONES
Por otra parte, José María Vergeles ha defendido la gestión del Ejecutivo regional durante las últimas semanas asegurando que, desde el 28 de mayo, «ha ejercido la responsabilidad de un Gobierno en funciones», una responsabilidad que, ha añadido, se ha asumido «hasta el último día».
En este sentido, ha asegurado que se han celebrado durante estos casi dos meses un total de 7 sesiones ordinarias del Consejo de Gobierno, así como otras tantas reuniones de la Comisión de Secretarios Generales.
Además, ha advertido, el gobierno en funciones ha tomado decisiones que valoró económicamente en un total de 31,4 millones de euros, sin contar lo que suponen las medidas adoptadas en la reunión de hoy, 12 de julio, y se ha actuado conforme a la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma y a la Ley de Transición entre Gobiernos.
Durante este tiempo, ha precisado el portavoz en funciones, el trabajo del Ejecutivo se ha orientado a tres aspectos fundamentales: el mantenimiento de los servicios públicos, de las subvenciones que otorgan derechos de las personas y la ejecución inaplazable de los fondos europeos.
Entre otras inversiones importantes, Vergeles ha destacado los más de 14 millones de euros que se han destinado a programas dirigidos a normalizar la situación de las personas con discapacidad y de las personas con trastorno mental grave.
También ha valorado especialmente las inversiones que se han realizado para paliar los daños ocasionados por los incendios, la mejora de los montes públicos y la dotación de infraestructuras rurales, así como las correspondientes al medio ambiente y el reto demográfico.
Por último, José María Vergeles ha tenido palabras de agradecimiento al personal sanitario, a los voluntarios y voluntarias, a los alcaldes y alcaldesas de la región, y, en su conjunto, a la sociedad extremeña, por la respuesta durante los difíciles momentos vividos durante la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
