El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al llamado ‘impuesto a la banca’, creado por el gobierno de España, «más concretamente a la disposición final novena de la Ley 7/2024, por la que se establece un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras».
Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado esta mañana en Mérida, quien también ha declarado que «estamos en contra de que la recaudación por este gravamen se reparta bajo el criterio de dar más a los que más tienen», dado que la distribución se efectuará en base al Producto Interior Bruto (PIB).
«Desde el Ejecutivo extremeño creemos que esta ley atenta contra los principios constitucionales como la igualdad, la justicia y la progresividad», ha continuado diciendo Bautista, para el que esta política fiscal «favorece descaradamente a unas comunidades frente a otras», «algo que no va a permitir Extremadura», ha dicho.
Y ha añadido que «como ya anunció la presidenta María Guardiola, Extremadura no va a permanecer impasible ante esta gran injusticia», de ahí que se haya autorizado a la Consejería de Hacienda a presentar el proceso ante el Tribunal Constitucional. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha emitido su conformidad con la tramitación de la Propuesta de Ley de derogación de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de Extremadura, dado que no supone una minoración de ingresos ni un aumento de gastos.
En este sentido, el titular de la Consejería de Presidencia ha aclarado que esto no significa «que estemos de acuerdo con la misma, que no lo estamos y ya lo hemos dejado absolutamente claro». De hecho, ha aprovechado para «conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la Ley LGTBI de Extremadura que será mañana», una Ley que ha valorado como pionera y que fue aprobada bajo un gobierno del Partido Popular.
Ha querido felicitar a toda la comunidad «por esa conquista que no tiene ni tendrá vuelta atrás». Asimismo, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a la licitación, por parte de Extremadura Avante, del contrato que va a incrementar el suelo industrial en la ciudad de Cáceres, destinando 420.000 euros para la asistencia técnica y redacción del proyecto para la urbanización del polígono industrial Capellanías II. Se trata de una actuación que se realiza en coordinación con el Ayuntamiento de la ciudad que «continúa trabajando para concluir la adquisición de suelo y su posterior cesión a la Junta de Extremadura para su desarrollo».
