La comisión de expertos integrada por juristas de reconocido prestigio ha presentado este miércoles junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y el director general de Función Pública, Domingo Expósito, el informe para la reforma del régimen jurídico de la Función Pública de Extremadura.

En concreto, la comisión está conformada por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Carmen Bravo Díaz; por el abogado del Estado y socio de un conocido bufete de abogados, Juan José Torres Ventosa, y por el profesor de la UEX y Doctor en Derecho Administrativo, Pedro Brufao Curiel.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha afirmado que era muy necesaria una revisión de la ley de Función Pública, así como la actualización de la normativa, y ha destacado que esta labor se ha llevado a cabo «de la mano de los mejores».

En este punto Manzano ha incidido en que la Administración debe estar conectada con la realidad, más cercana, rápida y eficaz en la detección de necesidades y en la solución de problemas.

«Hoy presentamos este informe tal y como nos comprometimos, y los próximos pasos consistirán en analizarlo con los agentes sociales porque este gobierno cree firmemente en el diálogo social. En los próximos días llevaremos a cabo una Mesa General de Negociación donde se tratarán varios temas y este será uno de ellos», ha señalado.

El informe, que consta de cinco ejes, ha sido desgranado por los expertos. El primero de ellos, Pedro Brufao, ha incidido en la clasificación y ordenación profesional. Brufao ha señalado que existe una cierta «rigidez» a la hora de utilizar mejor los recursos humanos de los que dispone la Junta de Extremadura.

«La movilidad es una de las apuestas principales que redunda en mejores competencias y en una mejor calidad a la hora de la prestación de los servicios por parte de los empleados públicos. Esto es algo que hay que fomentar», ha señalado.

En este sentido ha afirmado que tiene que existir una mayor «flexibilidad» para establecer criterios y que se fomente una mayor adaptabilidad del empleado público a las circunstancias que se dan el tiempo. Al mismo tiempo ha hecho hincapié en la necesidad de una mejora de grupos y especialidades.

Por su parte, Carmen Bravo ha analizado la Oferta de Empleo Público y selección ha propuesto que frente a las actuales convocatorias «muy largas y que son una importante carga para la Junta y los tribunales», establecer «anualmente los puestos de trabajo que son imprescindibles» en lugar de concursos masivos.

Asimismo, ha señalado que sería importante «premiar la oposición al concurso», de esta forma lo que se pretende es «dar prioridad a los expedientes más excelentes para tener profesionales de primera».

«También se debería tener en cuenta la experiencia adquirida en el ámbito privado, valorar los servicios prestados en otras administraciones públicas aparte de la Junta de Extremadura y ver la posibilidad de establecer prácticas obligatorias para obtener la plaza», ha aseverado.

En cuanto al concurso, Bravo ha señalado que «la antigüedad no puede ser el único mérito a tener en cuenta para el concurso de traslado» y ha apostado por valorar cursos o idiomas, entre otras cuestiones, ya que, ha explicado, «si estamos exigiendo una excelencia para conseguir la plaza, que esa excelencia se mantenga en el tiempo».

Por su parte, Juan José Torres se ha referido al cuarto eje del informe, el Diagnóstico de la Función Pública, relativo a la carrera profesional horizontal y a la evaluación del desempeño, ya que al tiempo que el ciudadano tiene derecho a unos servicios públicos de calidad, «el funcionario tiene derecho a ser evaluado y contar con incentivos reales que van más allá de los económicos», explicó.

Además, ha apuntado la posibilidad de crear un órgano en materia de resolución de conflictos de empleo público al tiempo que ha planteado que se podría relanzar el papel de la Escuela de Administración pública y dotarla de personalidad jurídica propia, para darle un mayor protagonismo y reforzar el papel del funcionario, lo que no supondría un gran coste y daría prestigio a la función pública.

A su vez, el director general de Función Pública, Domingo Expósito, ha explicado que el informe supone «una gran propuesta de Administración pública que es trabajar para la sociedad y ser permeable para la sociedad y nutrir a la Administración con los perfiles que necesita la sociedad» y ha añadido que la Administración tiene que darse la oportunidad de dar el mejor servicio a la ciudadanía, acompañada de los expertos y de la mano de la judicatura.

Domingo Expósito ha destacado que «estamos viviendo un momento de una gran oportunidad» al tiempo que ha reconocido que aunque cualquier cambio en la Administración Pública es muy difícil, la Junta de Extremadura tiene «unos perfiles magníficos, gente muy comprometida con el trabajo».