Se celebrarán los días 24, 25 y 26 con la participación del Pleno de su Consejo General y destacados especialistas profesionales del Derecho Laboral
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz organiza los días 24, 25 y 24 de octubre una serie de actos en Mérida para conmemorar el 50 Aniversario de su creación.
Para conmemorar tal efeméride y acompañar a los profesionales Graduados Sociales de Extremadura se darán cita en la capital autonómica los presidentes de los Colegios de 42 provincias españolas.
De esta manera, el jueves será el primer día de los actos programados y lo ocupará el desarrollo de la II Edición de las Jornadas Laboralistas que constituirá el punto de encuentro de todos aquellos profesionales -liberales y de la administración- del Derecho Laboral y Recursos Humanos.
En este acto, que tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba a partir de las 16.30 horas, se analizarán aspectos claves de la contratación de los fijos discontinuos así como la necesaria intermediación en el ámbito laboral de la mano, de expertos y reconocidos ponentes como Rafael Catalá Polo -quien fuera ministro de Justicia- y Ana Ercoreca de la Cruz, la presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; al día siguiente, viernes, el máximo órgano de Gobierno de la profesión en España celebrará su Pleno en el Parador de Mérida, donde se tratarán asuntos que afectan a la profesión; por último, el sábado está previsto que, de nuevo, el Centro Cultural Alcazaba acoja los actos de toma de Juramento o Promesa Solemne de los nuevos Graduados Sociales y la imposición de distinciones a quienes se han distinguido por su buen hacer y aportación a nuestra profesión constituirán el broche de oro de tan significativa fecha.
La profesión de Graduado Social en la provincia de Badajoz se independiza de su corporación en Salamanca, a la que estaban adscritos los profesionales de nuestra tierra hasta aquél entonces, hace 50 años, por la iniciativa valiente de un pequeño grupo de compañeros que crearon el Colegio de Graduados Sociales de Badajoz.
Su andadura no ha estado exenta de dificultades, pero “gracias a la entrega y superación de aquellos pioneros y otros muchos que han ido tomado su testigo, los graduados sociales en nuestra región se han hecho un hueco y un nombre como expertos del derecho del trabajo y seguridad social, siendo -en la actualidad- un colectivo profesional reconocido y apreciado en la aplicación de esta rama del Derecho”, según señala el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Badajoz, Carlos Puebla Lorente.
No debemos perder de vista que la profesión de Graduados Sociales es relativamente joven; no obstante, el año que viene celebrarán el centenario de su nacimiento en España, que vino de la mano de la creación en 1.925 de las entonces llamadas Escuelas Sociales.
Es precisamente esa juventud la que en palabras de su presidente: “nos otorga la energía, desparpajo y espíritu de superación necesarios para afrontar sin ningún complejo la tarea de ser un referente dentro del asesoramiento jurídico laboral tanto para las administraciones como para la sociedad a la que servimos.”
Los Graduados Sociales son, junto a los demás agentes sociales e Instituciones Públicas, los garantes de crear aquellas condiciones que posibiliten la justicia y la paz social.
Ambas imprescindibles para el progreso de la economía y el bienestar de las personas son, en gran medida, consecuencia del buen entendimiento entre empresas y trabajadores.
Estos profesionales, en la certeza de que un entorno laboral favorable es vital para la buena salud del negocio, actúan no sólo como expertos asesores sino como verdaderos psicólogos en beneficio del tejido empresarial. Su emblema recoge esta necesidad, al incluir en él la leyenda “Justicia Social” y los que integran el colectivo procuran hacerla valer en el quehacer diario de sus despachos.
Los actos serán patrocinados por dos empresas con profundas raíces en nuestra tierra como son Vitaly y Grupo Albatros; y colaborarán además otros organismos públicos como la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Mérida (con la cesión del Centro Cultural Alcazaba, entre otras cuestiones), la Diputación de Badajoz y la Cámara de Comercio, así como las entidades privadas Banco Santander, Estudio Sigga-Antea
Prevención, Globalfinanz, Editorial Jurídica Sepín, Grupo 2000 y Red Mediaria.
