Cinco de los menores investigados tienen menos de 14 años, por lo que no son responsables penalmente.

La cifra de víctimas e investigados por el caso de los desnudos falsos creados mediante Inteligencia Artificial (IA) en Almendralejo  no deja de aumentar.

La Fiscalía Provincial investiga ya a 26 menores, según el Periodico Extremadura  cinco de ellos de menos de 14 años y por tanto inimputables penalmente, por su presunta implicación en el montaje. Las víctimas ascienden a 21, según El Pais.

 

El objetivo ahora de las pesquisas es saber el grado de participación de cada uno de ellos. Así lo aseguró a El Periódico de Extremadura el fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Francisco Javier Montero: «Habrá que ver cuál es la participación de cada uno en los hechos porque no es lo mismo recibir (las imágenes) que guardar o hacer uso de ellas transmitiéndolas a terceros, por eso es importante comprobar cuál es el rol de participación de estos hechos, que no tenemos duda de que son delictivos».

 

El delito no se agota en la creación de la imagen: la mera tenencia es delictiva

Según dijo Montero al rotativo, no solo han delinquido los que falsearon las imágenes, sino todos: «Eso (la creación de los desnudos) es el inicio del iter criminis(locución latina que significa el camino del delito, muy utilizada en derecho penal), pero esto no se agota en la creación de la fotografía porque la mera tenencia en un dispositivo electrónico, como un móvil o un disco duro, de fotografías pornográficas relativas a menores de edad, es delictivo. Pero además es agravado si esa tenencia la distribuimos a terceras personas».

La investigación penal proseguirá para 21 de los implicados. Lo que se descubra sobre los otros cinco, los menores de 14, será trasladado a la Junta de Extremadura, que tendría que decidir si dicta alguna medida de protección en el caso de que los servicios sociales consideren que los hechos delictivos pueden ser consecuencia de su situación familiar o social.

Traducido: los menores no irán a la cárcel, sino que se les impondrán medidas que pueden ir desde una mera reprensión hasta trabajos en beneficio de la comunidad, seguimiento de cursos, terapias ocupacionales y, en los casos más graves, hasta 8 años de internamiento en centros de menores.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto también una investigación de oficio y podría imponer sanciones administrativas de entre 5.000 y 10.000 euros.

Agencias