(EFE).- Los compañeros de la educadora social asesinada el pasado marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, cuyos hechos se juzgan en la capital pacense, han advertido este jueves que sus condiciones laborales y de seguridad han mejorado «muy poco» desde entonces, por lo que han pedido más medidas y mejoras.
En una concentración celebrada ante los Juzgados de Badajoz, los trabajadores y trabajadores de diversos sectores de asistencia social han expuesto que este episodio -por el que se juzga a tres menores- fue «la punta del iceberg» de la realidad diaria de su trabajo y han advertido de que «esta situación volverá a pasar si no se ponen medidas», según ha declarado a los medios Javier Quintana, compañero de la víctima en el inmueble donde ocurrieron los hechos.
Durante la concentración convocada por los colegios profesionales de Educadores Sociales, Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogos, con el apoyo de los sindicatos SGTEX, USO, SIP y CNT, a las puertas de los juzgados de Badajoz, ha lamentado que «la situación ha mejorado muy poco».
«Si se han producido cambios han sido por la organización de los propios trabajadores, pues tanto la administración como la justicia se han puesto de lado», ha afirmado muy emocionado.
Exigencias
Por su parte, la secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, ha manifestado que aunque se han producido algunos cambios, como vigilantes de seguridad en los centros de acogida de menores las 24 horas, botones del pánico en los centros de acogida, o cambios en los pliegos para regular los pisos donde se cumplen medidas judiciales de convivencia en grupos educativos, «queda mucho por hacer».
Preguntada por las críticas realizadas por el letrado de la familia de la educadora social fallecida por el poco apoyo recibido por parte de la Junta de Extremadura, Solomando ha afirmado que “la Administración debería haber escuchado a los familiares, pues han perdido a una hija que ha dado su vida por esta profesión, todo ello por una situación que fue un despropósito desde un principio”.
Por su parte, la ciudadana Isabel Rodríguez ha expresado que ha asistido a la concentración a título particular para mostrar su «indignación» ante el hecho de que «no se exijan responsabilidades a las administraciones».
En esta línea, María Arenas, que también ha querido mostrar su apoyo a los profesionales, ha dicho que «este episodio podría haberse evitado, pues no parece lógico que una mujer esté sola al cuidado de una situación así».
Manifiesto
Durante la concentración se ha leído un manifiesto para recordar que el fallecimiento de la educadora social, «incansable» en su trabajo y en su propósito de formarse de manera constante, no puede quedar en el olvido y para solicitar medidas para evitar nuevos hechos de este tipo.
El acto ha contado con una pancarta principal que afirmaba ‘Por la defensa de los derechos de los/las profesionales del sector. ¡Basta ya!’ y otras como ‘¡Belén somos todos/as!’.
Vista oral
El abogado Raúl Montaño, letrado de la acusación particular, confía en que el informe de la autopsia «arroje luz» y confirme que fue un episodio considerado como asesinato.
Antes de la segunda jornada de la vista, el letrado ha dicho a los medios que la sesión de este jueves se centrará, entre otras cuestiones, en los peritos que analizaron el ADN o las huellas en el escenario de los hechos y que realizaron la autopsia, donde espera que «se ratifiquen» los informes realizados tras la muerte.
«La autopsia expresará cómo falleció la víctima, las causas de la muerte y si fue violenta, lo que es importante para agravar el homicidio y llevarlo a asesinato», ha manifestado, recordando que los agentes de la Policía ratificaron ayer, por su parte, los atestados que realizaron tras el crimen.
