La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha enviado a través de los centros educativos una carta dirigida a las familias  para explicar la situación generada con el transporte escolar al inicio del curso 2025/2026.

La consejera María Mercedes Vaquera anuncia en la misiva que mientras se restablece la normalidad, la Consejería ha dado instrucciones a los centros educativos para que se adapten a la situación actual. “Para que implanten la modalidad telemática de las enseñanzas, coexistente con la presencial para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no”.

Vaquera anuncia tambien medidas de apoyo a las familias: “Vamos a arbitrar medidas para ofreceros ayudas económicas que palíen los trastornos que esta situación os pueda ocasionar, si optáis por trasladar con medios propios a vuestros hijos e hijas a los centros. Compartimos vuestro malestar y preocupación. En nuestra voluntad ha estado siempre la prioridad de garantizar el acceso a la Educación de vuestros hijos e hijas, y de proteger a las empresas, que en su mayoría han cumplido con profesionalidad y rigor».

En una amplia carta la consejera  señala que “cada nuevo curso escolar es motivo de ilusión, crecimiento personal y social, y de nuevos retos y oportunidades. La Consejería trabaja para que el derecho a la educación se materialice y que esta sea de la mayor calidad”.

Sin embargo, reconoce que “las mejoras implementadas —más docentes, ratios más bajas, medidas de atención a la diversidad, mejoras en infraestructuras, ayudas para la conciliación y una mayor oferta educativa— se han visto alteradas por una situación sobrevenida que, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ha afectado a vuestros hijos e hijas y a vosotros, las familias”.

Vaquera recuerda que “el transporte escolar en Extremadura no es solo un servicio complementario, tiene carácter compensador porque garantiza el acceso al sistema educativo. Es, por tanto, un servicio esencial”. Por este motivo, -señala- desde la Consejería se trabajó con las empresas del sector para actualizar precios y condiciones, con un incremento medio del 20% y del 50% en la categoría C, donde se concentran la mayoría de las rutas.

No obstante, durante el proceso de adjudicación de las 579 rutas necesarias para este curso, “una minoría de empresas se desmarcó, buscando alterar los precios acordados”, lo que obligó a la Consejería a licitar de emergencia en varias ocasiones. Pese a ello, en los días previos al inicio del curso, más de 200 rutas seguían sin adjudicar.

Ante esta situación, se interpuso una denuncia penal por “amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación de las rutas por parte de un grupo minoritario de empresas”.

El pasado 10 de septiembre, la Consejería dictó una resolución excepcional mediante la cual “adjudicamos de manera directa y obligatoria las 223 rutas desiertas a las empresas que prestaron el servicio el curso pasado y que no han querido licitar”. Sin embargo, algunas compañías han incumplido esta resolución, «dejando a numerosos alumnos sin transporte».