Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el Proyecto de Decreto de la Junta de Extremadura para modificar los límites de once zonas de especial protección para las aves (ZEPA).
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el Proyecto de Decreto de la Junta de Extremadura para modificar los límites de once zonas de especial protección para las aves (ZEPA) al entender que el Gobierno regional busca «encubrir un intento de legalizar» la urbanización Marina Isla de Valdecañas.
Hace un mes la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible abrió el trámite de audiencia e información pública del citado proyecto al objeto de corregir errores derivados de imprecisiones cartográficas.
El objetivo de esta norma, según fuentes de la Junta, es corregir errores cartográficos cometidos en el momento de delimitar aquellas ZEPA cuyos límites se ajustaron siguiendo el trazado de las cotas de máximo llenado de embalses artificiales y lagunas naturales, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura.
Las ZEPAS afectadas son Embalse de Vegas Altas, Embalse de Borbollón, Charca Dehesa Boyal Navalmoral, Charca la Torre, Complejo Lagunar Ejido Nuevo, Embalse de Alcántara, Embalse de Arrocampo, Embalse de Brozas, Embalse de Horno-Tejero, Embalse de Valdecañas y Embalse de Valuengo.
En todo caso, los nuevos territorios, que se incorporan con este decreto a la Red Natura 2000, se ajustan mejor a los límites reales de los embalses y lagunas naturales y suponen «una importante mejora en la coherencia de los límites de cada espacio y en la representación de los hábitats y especies», según la Junta.
Sin embargo, Ecologistas en Acción, a través de un comunicado de prensa, considera que ser trata de una «maniobra de la Junta» pafra evitar cumplir la sentencia que obliga a la demolición de la urbanización ilegal Marina de Valdecañas, pues, entre las once ZEPAs está el embalse de Valdecañas y, por ende, la isla donde se sitúa la urbanización de lujo ‘Isla Marina de Valdecañas’.
Según esta entidad ecologista, el Ejecutivo argumenta para tal decisión que «no es zona inundable y ha perdido su valor ecológico».
«Esta interpretación jurídica y ecológica incumple la Directiva Aves (2009/147/CE) y lo que ya señaló el Tribunal de Justicia de la UE relacionado con la imposibilidad de desproteger territorio por razones políticas, económicas y urbanísticas», han añadido.
