En el pleno de la Asamblea, la normativa sólo ha contado con el apoyo de PP, mientras que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, han votado en contra

El decreto-ley de medidas fiscales urgentes de la Junta de Extremadura para impulsar el acceso a la vivienda en la región tanto en forma de adquisición como de arrendamiento ha sido derogado este jueves, día 21, en el pleno de la Asamblea, al contar únicamente con los votos del PP.

El decreto contenía incentivos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el IRPF, lo que según ha defendido este jueves en la Asamblea la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, evidencia la «preocupación» del Gobierno regional por cumplir con el derecho constitucional del acceso a una vivienda «digna».

Así, y tras reclamar el apoyo de los grupos políticos al decreto porque, además, incide en la política fiscal «justa» que viene aplicando el Ejecutivo autonómico, ha subrayado que el derecho a la vivienda «hay que defenderlo de manera transversal con todas las medidas políticas que se adopten y por supuesto también a través de la fiscalidad».

En este sentido, ha remarcado que con medidas como las introducidas por el Gobierno autonómico «la fiscalidad desde luego no va a ser ninguna traba» para el acceso a la vivienda.

«Para adquirir este bien de primera necesidad en nuestra región, este bien esencial para ese arraigo territorial que necesitamos para que la gente pueda quedarse a vivir aquí, en Extremadura y desarrolle su vida aquí, desarrolle su profesión aquí, la fiscalidad, desde luego, no va a ser ninguna traba para el proceso», ha señalado.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El diputado del PP, Hipólito Pacheco, ha defendido que la intervención del mercado, junto a la inseguridad jurídica de las medidas que está aplicando en esta temática el Gobierno central, son los principales causantes de que «estén huyendo despavoridos los propietarios de la vivienda del mercado de alquiler».

Ha defendido en este marco que el decreto ley de la Junta «ayuda a las personas más desfavorecidas a acceder al mercado de alquiler y a la compra y venta de vivienda», después del «infierno fiscal» al que han sometido a la comunidad los anteriores gobiernos socialistas.

«El PP, la presidenta Guardiola somos conscientes de que hay que pagar impuestos, eso no lo niega nadie, es una obviedad, pero es que hay que guardar un equilibrio entre lo necesario y lo posible. Lo necesario es pagar impuestos y lo posible es no asfixiar a las familias extremeñas metiéndoles las manos en los bolsillos para despilfarrar en unos casos o para llevárselo fresquito en otros casos», ha dicho.

PSOE MUESTRA «SERIAS DUDAS»
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Fernando Rodríguez ha mostrado «serias dudas» de que con este decreto ley de la Junta se vaya a solucionar el «problema» de la vivienda en Extremadura, y ha propuesto por ello su retirada para consensuar uno nuevo.

Así, ha considerado que la Junta con sus medidas «no va a conseguir que la oferta supere a la demanda», lo que llevará a que los precios continúen siendo «los mismos», algo que a su juicio se debe a que no hay una «política de horizonte» para abordar el «problema real» de la vivienda en la comunidad.

Con ello, tras afirmar que el decreto evidencia «una vez más» la «incapacidad» del Gobierno de María Guardiola para entender la «dimensión del problema» de la vivienda, ha criticado que con su decreto desde la Junta «están favoreciendo a los propietarios perjudicando al inquilino», a la vez que no se incluyen medidas para fomentar un alquiler «asequible».

VOX ABOGA POR «AFINAR CUESTIONES»

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha reconocido que a su grupo le «agrada» la bajada de impuestos que se refleja en el decreto ley, aunque ha considerado como «un pero» que la rebaja introducida «se queda corta».

Así, ha afirmado que el decreto ley, que según ha dicho ha llegado a la Asamblea «sin haberlo acordado» con Vox, «va en la línea correcta» porque «el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los extremeños», aunque ha reconocido que su partido esperaba por ejemplo mayor reducción en actos jurídicos documentados.

También ha considerado que habría que «afinar» cuestiones como el tiempo que deben durar los alquileres para que el propietario de la vivienda se pueda beneficiar de deducciones.

UNIDAS POR EXTREMADURA

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha rechazado el decreto de la Junta, del que ha dudado su urgencia, porque supone una suma de las dos «principales obsesiones economicistas injustas» del Gobierno regional del PP.

En concreto, la de «no intervenir en el mercado de la vivienda por mucha necesidad que haya», y la de «reducir los impuestos a los que tienen dinero para invertir y propiedades», ha apuntado.

Con ello, ha considerado que «no está nada claro» que las medidas propuestas por la Junta sirvan para «mitigar» el «problemón» de la vivienda en Extremadura.

MEDIDAS DEL DECRETO

En este decreto, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación con las adquisiciones de viviendas habituales, se incrementaba el valor de la vivienda que opera como límite para la aplicación del tipo del 7 por ciento, que pasa de 122.000 a 180.000 euros.

Además, se elevaba la cuantía de los límites de renta que dan derecho a la aplicación del beneficio fiscal, pasando de 19.000 euros en tributación individual y 24.000 euros en tributación conjunta, a 28.000 y 45.000 euros, respectivamente, y se suprime el límite económico de la renta total anual de todos los miembros de la familia que habiten la vivienda.

También, y en relación con este mismo impuesto se establecía un tipo de gravamen reducido de 6 por ciento para la compra de viviendas habituales por jóvenes menores de 36 años con las mismas condiciones antes mencionadas.

Por otra parte, se establecía una deducción autonómica en el IRPF para favorecer el arrendamiento de viviendas que hayan estado vacías y sean destinadas a ser la vivienda habitual. Además, y en relación con el mismo impuesto, se contemplaba una deducción por inversión en la rehabilitación de viviendas en zonas rurales para ser destinadas a su alquiler.

El segundo incentivo consistía en bonificar la cuota de IRPF con un 15 por ciento de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación de viviendas que sean destinadas al alquiler en municipios, entidades locales menores y pedanías de menos de 3.000 habitantes.