Cobrar 800, 1.300 o 2.250 euros al mes no es fruto del azar. Es el resultado de decisiones laborales, fiscales y personales tomadas a lo largo de décadas. La pensión que recibirás cuando te jubiles es el reflejo financiero de tu vida laboral: cada año cuenta, cada mes importa, cada euro cotizado suma.

Cada vez más personas en España se preguntan con inquietud cuánto cobrarán cuando llegue el momento de jubilarse. La respuesta, aunque compleja, es clave para entender no solo el presente financiero de millones de familias, sino el equilibrio futuro de uno de los pilares del Estado del bienestar: el sistema público de pensiones. En 2025, con más de 10,3 millones de pensiones contributivas abonadas cada mes y una nómina mensual que supera los 13.500 millones de euros, la Seguridad Social española sigue sosteniéndose sobre un principio de solidaridad intergeneracional y sobre una fórmula que premia la cotización larga, continua y estable.

Para quienes han cotizado 15, 20 o 30 años, el cálculo de la pensión puede suponer la diferencia entre una vejez tranquila o un presente ajustado. La clave reside en dos factores fundamentales: la base reguladora, es decir, el promedio actualizado de las bases salariales sobre las que se ha cotizado, y el porcentaje que se aplica sobre esa base, según los años cotizados. Ambas variables están determinadas por la ley, pero también por decisiones personales tomadas a lo largo de décadas: cuándo empezaste a trabajar, cuánto declaraste, cuántos años estuviste dado de alta, qué lagunas existen en tu vida laboral o si elegiste cotizar por la base mínima siendo autónomo.

Cómo se calcula la pensión en 2025: la fórmula que define tu vejez

Desde 2022, la base reguladora se calcula tomando las bases de cotización de los últimos 25 años (es decir, los últimos 300 meses anteriores al mes previo a la jubilación), actualizadas con el Índice de Precios de Consumo (IPC), salvo las 24 últimas, que se toman en valor nominal. La suma de esas bases se divide entre 350, no entre 300, como sería lógico, lo que introduce un coeficiente reductor implícito. Esta base reguladora es el punto de partida para calcular la pensión.

El segundo factor es el porcentaje que se aplica sobre esa base. Si el trabajador ha cotizado los 15 años mínimos exigidos, se le reconoce el 50 % de la base reguladora.

A partir de ahí, y hasta alcanzar el 100 %, se suman porcentajes mes a mes: desde el mes 181 al 248 (del año 16 al 21), se añade un 0,21 % por cada mes adicional; desde el mes 249 al 306, el incremento es del 0,19 % mensual.

Solo cuando se han alcanzado 36 años y seis meses de cotización, el trabajador tiene derecho al 100 % de su base reguladora. A partir de 2027, ese umbral se elevará a los 37 años.

Por ejemplo, imaginemos a Manuel, un trabajador que ha cotizado durante 30 años y se jubila en 2025. Durante los últimos 25 años de su vida laboral, sus bases de cotización han oscilado entre 2.000 y 2.400 euros mensuales, con un promedio, ya actualizado al IPC y tras aplicar los ajustes, de 2.300 euros al mes. Esa cifra representa la base reguladora. Sin embargo, como la Seguridad Social divide entre 350 (no entre 300), la base efectiva sobre la que se aplicará el porcentaje será algo menor, en torno a 1.970 euros.

Manuel ha cotizado 30 años. En la tabla de porcentajes acumulados, eso le otorga un 90 % de la base reguladora. Por tanto, su pensión bruta mensual será del 90 % de 1.970 euros, es decir, 1.773 euros al mes, repartidos en 14 pagas anuales. En total, percibirá unos 24.822 euros brutos al año. Esa cifra, además, puede incrementarse si Manuel decide retrasar su jubilación uno o dos años más, aplicando los incentivos del 4 % anual por demora voluntaria.

15 años cotizados, el umbral mínimo de acceso

La legislación vigente establece que para tener derecho a una pensión contributiva se deben haber cotizado al menos 15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos en los 15 anteriores a la jubilación. Es la puerta de entrada al sistema, y también el punto más frágil. Con ese periodo cotizado se accede a la mitad de la base reguladora, es decir, al 50 %.

En la práctica, si una persona tiene una base reguladora de 2.000 euros, calculada en función de sus cotizaciones durante 25 años, percibiría una pensión de 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas anuales. No obstante, si esta cantidad anual (14.000 euros) es inferior a la pensión mínima fijada por ley, se activa automáticamente el complemento a mínimos, siempre que los ingresos del beneficiario no superen los límites legales. En 2025, la pensión mínima para un jubilado mayor de 65 años sin cónyuge a cargo es de 12.241,60 euros anuales (874,40 euros al mes); si tiene cónyuge a cargo, asciende a 15.786,40 euros anuales (1.127,60 euros al mes).

El complemento a mínimos es vital para cientos de miles de pensionistas, en su mayoría mujeres, autónomos de base reducida o personas con trayectorias laborales interrumpidas. Sin él, buena parte de los beneficiarios vivirían por debajo del umbral de pobreza.

20 años cotizados, una mejora que aún resulta insuficiente

Cotizar durante 20 años permite elevar el porcentaje de base reguladora hasta aproximadamente el 65 %, dependiendo de cómo se distribuyan los meses dentro de la escala legal. En este caso, la pensión bruta mensual se sitúa notablemente por encima del mínimo legal, aunque todavía lejos del 100 % que otorgan las carreras laborales completas.

Con una base reguladora de 2.000 euros mensuales, el pensionista percibiría alrededor de 1.300 euros al mes en 14 pagas, es decir, 18.200 euros anuales. A simple vista, parece una cifra razonable, pero el coste de la vida, el aumento de los alquileres, la subida de productos básicos y la dependencia creciente de medicamentos o asistencia hacen que no siempre sea suficiente.

Este perfil es frecuente entre trabajadores que comenzaron tarde su vida laboral, que tuvieron largos periodos de desempleo o que optaron por cotizaciones más bajas, algo común entre autónomos que eligieron la base mínima durante años. Muchos de ellos, además, llegan a la jubilación con hipotecas aún activas o con responsabilidades familiares, como ayudar económicamente a hijos desempleados o en situación precaria.

30 años cotizados, la frontera del 90 %

Cuando un trabajador ha cotizado 30 años, ya ha recorrido la mayor parte del camino hacia la pensión completa. La Seguridad Social concede, en ese caso,cerca del 90 % de la base reguladora. Si la base es de 2.500 euros, por ejemplo, la pensión bruta será de 2.250 euros mensuales, lo que equivale a 31.500 euros al año.

Esta situación, cada vez menos frecuente por la creciente inestabilidad del empleo, es habitual entre funcionarios, empleados públicos, asalariados de grandes empresas y algunos autónomos con carreras largas y sólidas. Representa el modelo ideal que promueve el sistema: continuidad, estabilidad, alta cotización y ausencia de lagunas.

Sin embargo, ni siquiera una carrera de 30 años permite alcanzar el 100 %. Para ello, aún serían necesarios seis años y medio más. Es por eso que la edad legal de jubilación está aumentando progresivamente. En 2025, se sitúa en 66 años y ocho meses para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. Aquellos que sí lo hayan hecho podrán retirarse con 65 años. Este baremo subirá hasta los 67 años en 2027, salvo para quienes acrediten carreras laborales muy largas.

El techo y el suelo: pensión máxima y mínima en cifras

En el sistema público de pensiones español, existen dos umbrales económicos que actúan como límites: el techo, que establece la pensión máxima que puede cobrarse, y el suelo, que garantiza una cuantía mínima a quienes han tenido trayectorias laborales más modestas. Ambos extremos definen el marco en el que se mueven las prestaciones por jubilación y permiten al Estado equilibrar la justicia social con la sostenibilidad financiera del sistema.

En 2025, la pensión máxima que puede percibir un jubilado en España asciende a 3.267,60 euros mensuales, lo que equivale a 45.746,40 euros anuales, repartidos en 14 pagas. Este límite no es arbitrario: está fijado por ley y se actualiza cada año conforme al índice de revalorización general de las pensiones. Aunque un trabajador haya cotizado durante décadas por bases muy elevadas, incluso por encima de los 5.000 euros mensuales, no podrá cobrar una pensión pública superior a esa cifra. Se trata de una medida de contención que busca preservar el carácter redistributivo del sistema, evitar pensiones excesivamente elevadas y contener el gasto público.

Para alcanzar esta pensión máxima, no basta con tener una larga carrera de cotización. Es imprescindible haber cotizado durante al menos 36 años y seis meses, y además haberlo hecho por la base máxima de cotización, que en 2025 se sitúa en 4.720,50 euros mensuales, durante la mayor parte de ese periodo. También es necesario haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, que en 2025 es de 66 años y 8 meses, salvo que se acrediten 38 años y 3 meses de cotización o más, en cuyo caso puede accederse a la pensión completa a los 65 años.

En el extremo contrario del espectro, la pensión mínima contributiva actúa como una red de protección para los jubilados que, aun habiendo cumplido los requisitos de acceso (15 años de cotización, con al menos dos dentro de los 15 años previos a la jubilación), han tenido bases de cotización bajas a lo largo de su vida laboral. En 2025, esta pensión mínima está fijada en 12.241,60 euros anuales para personas sin cónyuge a cargo, lo que equivale a 874,40 euros al mes. Si el jubilado tiene cónyuge dependiente, la cuantía mínima sube hasta los 15.786,40 euros anuales, es decir, 1.127,60 euros mensuales.

Para que la Seguridad Social complemente una pensión hasta esos mínimos, es imprescindible que el beneficiario no supere ciertos niveles de ingresos anuales. En 2025, el umbral está fijado en 9.193 euros anuales si vive solo, o 10.723 euros en el caso de tener cónyuge a cargo. Estos límites se aplican al conjunto de ingresos del pensionista, de modo que si supera esas cantidades, no podrá acceder al complemento por mínimos, aunque su pensión individual esté por debajo del umbral establecido.

Existe también una prestación no contributiva para quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, es decir, menos de 15 años en total. En 2025, la pensión no contributiva de jubilación asciende a 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 564,70 euros al mes en 14 pagas.

Para recibir esta ayuda, se deben cumplir una serie de requisitos de residencia (haber vivido en España al menos 10 años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud) y no superar unos límites de ingresos personales o familiares. Se trata de una prestación asistencial orientada a garantizar una renta mínima vital y prevenir situaciones de exclusión social entre las personas mayores sin historial laboral suficiente.

La pensión también apremia la espera

El sistema español ofrece incentivos económicos para quienes deciden retrasar su jubilación más allá de la edad ordinaria. Por cada año completo adicional trabajado se añade un 4 % más de pensión, o bien se puede optar por un pago único equivalente a ese incremento. En 2025, esta fórmula ha ganado popularidad, especialmente entre trabajadores con salarios altos que buscan optimizar su prestación final.

También se mantiene el complemento por brecha de género, un suplemento mensual que reconoce la desigualdad histórica que han sufrido muchas mujeres en el mercado laboral por asumir tareas de cuidado. En 2025, el complemento es de 35,90 euros al mes por cada hijo, hasta un máximo de cuatro. Este complemento puede ser solicitado también por hombres si acreditan interrupciones laborales por razones de cuidado familiar.

En un contexto de envejecimiento de la población, donde se prevé que en 2050 haya casi tantos jubilados como trabajadores activos, la sostenibilidad del sistema de pensiones dependerá en buena parte de las decisiones individuales que se tomen hoy. Cotizar por bases más altas, evitar lagunas, trabajar más años, acceder a planes complementarios privados o incluso prolongar la vida laboral son algunas de las estrategias que marcan la diferencia.

Estudios del Banco de España, la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y la fundación BBVA-IVIE coinciden en que la generación que hoy tiene entre 30 y 40 años podría tener que jubilarse a los 70 o incluso 71 años para recibir prestaciones equivalentes al 80 % de su último salario. Por eso, cada vez más expertos recomiendan tomar conciencia del propio historial laboral, consultar simuladores oficiales, revisar bases de cotización y anticiparse a los cambios normativos.

ondacero.es