La empresa de transporte Leda, adjudicataria de la línea regular Villanueva de la Serena–Sevilla, se encuentra en el centro de una crisis laboral y administrativa que ha dejado a sus trabajadores dos meses sin percibir sus nóminas, según han denunciado representantes de la plantilla en una reunión con el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González.
El encuentro, celebrado este lunes, permitió a los trabajadores exponer la delicada situación que atraviesan, así como las irregularidades que, según ellos, rodean la gestión de la concesión pública otorgada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La formación política ha anunciado que registrará solicitudes formales de información ante la Junta de Extremadura y el Ministerio para esclarecer la situación y garantizar los derechos de los empleados y usuarios.
Trabajadores sin cobrar y servicios bajo presión
Durante la reunión, los representantes de los trabajadores denunciaron que los siete conductores de la empresa llevan sin cobrar desde finales de enero, y que actualmente se encuentran en situación de baja médica. Según explicó el portavoz de la plantilla, José Luis García, “la empresa mantiene una concesión de una línea regular que no se está prestando conforme al contrato, y los trabajadores estamos de baja sin que se nos abonen nuestras nóminas”.
González calificó la situación de “inadmisible” y exigió una intervención inmediata por parte de las administraciones: “No se puede dejar a los trabajadores de un servicio público esencial en esta situación. Las administraciones deben garantizar que se cumplan tanto los derechos laborales como la prestación efectiva del servicio de transporte”, afirmó.
Actualmente, según los propios trabajadores, la prestación del servicio se realiza mediante servicios discrecionales contratados diariamente por la empresa, lo que genera incertidumbre tanto para los empleados como para los usuarios.
Posible subcontratación irregular
Los trabajadores informaron además de que la concesión de la línea Villanueva de la Serena–Sevilla estaría siendo prestada mediante un régimen de subcontratación no comunicado oficialmente, ejecutado por empresas distintas a la adjudicataria Leda.
Para González, esto constituye una irregularidad grave, ya que “el Ministerio de Transportes es responsable último del cumplimiento del contrato público. Si se confirma un incumplimiento, debe intervenir inmediatamente, sancionar a la empresa o incluso retirar la concesión si procede”.
La formación política ha anunciado que solicitará formalmente a la Junta de Extremadura información sobre la supervisión e inspección del servicio de transporte por carretera en la región, con el fin de comprobar si las obligaciones de control están siendo cumplidas.
Gestiones ante el Ministerio y exigencia de transparencia
Además de la solicitud a la Junta, Unidas por Extremadura adelantó que realizará gestiones ante el Ministerio de Transportes para conocer el estado de la concesión y asegurar que se cumplan los contratos y derechos laborales. González explicó: “Esto no solo afecta a los trabajadores, también a los miles de usuarios que dependen de un transporte regular y seguro. Se trata de un servicio público, no de una cuestión privada”.
Impacto en los usuarios y seguridad del servicio
La interrupción parcial o irregular del servicio afecta directamente a los viajeros, quienes actualmente dependen de servicios discrecionales contratados de forma diaria. Esto genera incertidumbre y riesgo en la continuidad de la movilidad, especialmente para quienes realizan desplazamientos habituales entre Villanueva de la Serena y Sevilla.
Unidas por Extremadura reclama “garantías completas para los usuarios”, insistiendo en que el servicio debe prestarse conforme a la legalidad y los contratos firmados, con seguridad y regularidad.
Reclamo de soluciones inmediatas y seguimiento institucional
La formación política ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la correcta prestación de servicios públicos. Entre sus demandas se incluyen:
Pago inmediato de los salarios pendientes a los trabajadores afectados.
Cumplimiento del contrato de la concesión otorgada a Leda, con supervisión de las administraciones.
Protección de los derechos laborales y de seguridad de la plantilla, especialmente de quienes están de baja médica.
Garantías de continuidad y seguridad para los usuarios del servicio, evitando interrupciones o irregularidades.
González concluyó que “esta situación requiere una intervención urgente y coordinada de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Transportes para proteger a los trabajadores, asegurar la prestación del servicio y que se cumpla la legalidad en las concesiones públicas”.
La formación mantendrá un seguimiento estricto del caso y no descarta impulsar iniciativas parlamentarias adicionales si las administraciones no adoptan medidas inmediatas para solucionar la crisis.
