La Asamblea de Extremadura ha convalidado por unanimidad un decreto-ley de medidas urgentes en materia de función pública, entre las que se encuentra la ampliación en un año más, pasando de tres a cuatro años, el contrato de los funcionarios interinosque trabajan en programas temporales.
Las otras dos medidas que incorpora dicha norma que la oposición, aunque ha mostrado su apoyo, ha tildado de «parche», son que los funcionarios interinos extremeños puedan disfrutar del permiso por asuntos propios y propiciar que, cuando un empleado público quiere continuar en activo, pese a haber llegado a la edad de jubilación, lo haga en las «mejores condiciones».
Así, según ha detallado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en su intervención en el pleno de la Asamblea, la ampliación un año más del contrato de los interinos en programas temporales es una medida ya implantada en otras comunidades.
En Extremadura, estarían afectados un total de 198 empleados. De los que 27 trabajan en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, 16 en Gestión Forestal y Mundo Rural y ocho en Hacienda y Administración Pública.
Además de los 80 que desarrollan su labor en Economía, Empleo y Transformación Digital; uno en Educación, Ciencia y Formación Profesional; tres en Infraestructuras, Transporte y Vivienda; 38 en Salud y Servicios Sociales y 20 en Presidencia de la Junta
Manzano, sobre la segunda modificación que incluye este decreto ley, ha dicho que pretende acabar con la «discriminación» de que los funcionarios interinos extremeños no pudieran disfrutar del permiso por asuntos propios que, como ha precisado, no se debe confundir con el permiso por asuntos particulares.
El tercer aspecto que contiene el decreto ley es propiciar que cuando un empleado público quiera continuar en activo pese a haber llegado a la edad de jubilación lo haga en las «mejores condiciones».
Por ello, a partir de ahora y a instancias del Servicio de Prevención de la Junta de Extremadura, estos trabajadores van a tener que superar unos controles médicos con carácter anual, algo que antes no sucedía, ya que se superaba una vez y no era necesario que con posterioridad fueran de nuevo evaluados.
Así, ha apuntado que este año, como ya ha anunciado la presidenta de la Junta, María Guardiola, se convocará el concurso «tan esperado» para los empleados públicos tras no ser convocado desde el año 2015.
«Frente a la omisión completa, total, frente al abandono total de la función pública del gobierno del señor Vara, que ni siquiera quiso pagar la deuda que tenía con los empleados públicos, que ni siquiera quiso abonar el 2 por ciento del 2020, nuestro gobierno actúa, nuestro gobierno paga y nuestro gobierno, con hechos, demuestra que los empleados públicos vienen de la mano para que Extremadura siga creciendo», ha aseverado.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, el diputado del PSOE José María Vergeles ha tachado el decreto ley de «parche» y ha afeado que la consejera de Hacienda sostenga que solucionará una «cantidad ingente de problemas» de la función pública.
Asimismo, se ha preguntado si la Junta va a traer alguna vez alguna iniciativa legislativa que sea una propuesta de ley, ya que, como ha dicho, él solo ha visto decretos leyes. «Desde luego, su falta de gestión, su pereza para planificar convierten absolutamente todo en una necesidad urgente», ha criticado.
No obstante, ha hecho hincapié Vergeles en que los empleados públicos extremeños contarán con el voto favorable de su grupo, ya que estos trabajadores no pueden seguir siendo los «rehenes» de este gobierno y los «grandes perjudicados» de sus «erráticas políticas»
Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha considerado que el decreto ley llega «tarde y por vía de urgencia», porque, en su opinión, ni el anterior Gobierno del PSOE ni el actual del PP «han sabido afrontar con previsión y seriedad» la situación de los empleados públicos.
Además, ha asegurado que el decreto que ha abordado este jueves la Asamblea es la consecuencia directa de la «incapacidad» del anterior de salir adelante al «mezclar unas ayudas y unas medidas de naturaleza y alcance muy diferentes, empaquetadas, sin diálogo y sin ningún tipo de negociación» con su grupo parlamentario, cuyos diputados son necesarios para que los ‘populares’ cuenten con mayoría absoluta.
En esta línea, ha asegurado que se están pagando, en esta materia, «años de dejadez y de improvisación» y que Extremadura no puede depender de «parches» ni de «soluciones a medias». Por ello, ha instado a tener voluntad para estabilizar de «forma transparente», convocar procesos de selección «limpios», mover bolsas de empleo de «forma justa» y acabar con la «arbitrariedad».
Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos se ha preguntado por «cuántas veces más se tienen que dar de bruces con la realidad» el Grupo Parlamentario Popular para ser conscientes de que tienen 28 diputados, cifra que no reúne la mayoría absoluta, y que tienen a unos socios que responden a intereses un «poquito raros», en relación a Vox.
Así, ha recordado que las tres cuestiones contenidas en este decreto ley formaban parte de otro que no fue convalidado y ha afeado que, aunque la Junta presuma de «dialogo», trae los decretos sin haber sido abordados de forma previa con los grupos.
También ha acusado de traer a la cámara legislativa decretos «gazpacho», por tratar varios asuntos, y utilizar un «señuelo» para pedir la convalidación de los mismos por parte del resto de grupos, además de considerar que el balance en materia de función pública tras dos años de gobierno «no es para sacar pecho» aunque, como ha reconocido, se han llevado a la práctica medidas «positivas».
Finalmente, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos, ha aludido a que este jueves se cumplen dos años desde que inició su andadura el actual gobierno de la Junta, que es el que «más ha hecho por modernizar la función pública y por los empleados públicos en menos tiempo».
De este modo, ha hecho un repaso por las medidas aprobadas y llevadas a cabo por el Ejecutivo presidido por María Guardiola en este sentido frente a los «incumplimientos» de las dos legislaturas socialistas anteriores.
Así, ha insistido en que, frente a las «mentiras» y a la «incapacidad» de los gobiernos del PSOE, «acciones y mejorar la calidad de vida de los extremeños», como, por ejemplo, con este decreto ley que busca mejorar la situación de los trabajadores públicos.
