EP – Alrededor de un centernar de personas ha participado en una concentración convocada por el sindicato CCOO frente a la Consejería de Salud y Servicios Sociales para reclamar al Ejecutivo regional que adopte una serie de medidas para que evitar que se repita un «hecho trágico» como fue la muerte de la cuidadora Belén Cortés en un piso tutelado para menores con medidas judiciales.

El responsable de Privada y Sectores Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Javier Franco, ha señalado que con esta movilización se da continuidad a las reivindicaciones que se están realizando desde entonces, a la espera de que el gobierno autonómico adopte las «medidas adecuadas» para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y afianzar tanto su seguridad como la de los propios usuarios.

«Reclamamos que se tomen medidas pertinentes, que se actúe y que las licitaciones se adecúen a lo que necesitan los trabajadores, que es más recursos, más seguridad y evitar que sucesos como el que aconteció en Badajoz vuelvan a repetirse», ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

La primera de estas medidas pasaría por «revisar» la externalización de los servicios, que implica «un menor precio» para unas empresas que «tienen que sacar un beneficio económico», lo cual «redunda en que la calidad del servicio a los menores disminuye y las condiciones de trabajo se precarizan».

Por este motivo reclaman que esas licitaciones «dejen de hacerse a la baja» y se establezcan unos «mínimos», como la presencia de al menos dos personas en los pisos de medidas judiciales por turno.

En concreto, desde el sindicato defienden que «cuando se externalizan los servicios, se desmantelan equipos estables, se eliminan protocolos de protección y dejan a las personas trabajadoras en situación de abandono frente a situaciones de alto riesgo».

Esta misma reclamación se está realizando también a nivel nacional, y en este sentido ha detallado que CCOO trabaja con la Gobierno a fin de impulsar un decreto que «de una forma u otra obligue a las administraciones a tener unas condiciones mínimas de calidad y de seguridad».

En el ámbito autonómico, reclaman a la Consejería de Salud y Servicios Sociales que revise los pliegos actuales y que explique «qué se está haciendo» porque en la comparecencia de la consejera, Sara García, el pasado jueves en la Asamblea, «se explicó que se estaban tomando medidas pero no sabemos cuáles son esas medidas».

Asimismo, ha reclamado la presencia de los agentes sociales en las «negociaciones» y «sobre todo» estar «informados» de los pasos a seguir para trasladarselos a los trabajadores.

Por último, ha subrayado que estas reclamaciones sirven para los centros de menores tanto de protección como los que cumplen medida judiciales y que son de régimen semiabierto.

En estos caso, abunda, se debe garantizar que haya un educador social en cada turno y que «no haya una persona sola con los chavales», al tiempo que ha apuntado que en los centros de menores de régimen cerrado, como el Marcelo Nessi, se están produciendo «agresiones», por lo que, no solo hay que proteger a los trabajadores, sino también a los propios menores.

«No solamente hablamos de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, hablamos de los otros menores que están conviviendo con esas situaciones», y para los que «hay que garantizar su seguridad», ha remarcado.