EP – Varias decenas de personas han participado en una concentración convocada por CCOO frente a la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura para trasladar a María Guardiola su rechazo al acuerdo –con CSIF y UGT– sobre el abono de la subida salarial del 2 por ciento pendiente de 2020 en tres anualidades.
El principal motivo de este rechazo, en palabras del coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás, es que se trata de una medida «electoralista», en tanto que el último pago se produciría en 2027, a «escasos días» de las próximas elecciones autonómicas.
Según ha señalado, la suma pendiente de abonar al personal de la Administración General, al del ámbito educativo y al adscrito al Servicio Extremeño de Salud por este concepto asciende a 25 millones de euros, una cantidad que no es «difícil de prever» dentro de un presupuesto anual que supera los 8.000 millones de euros.
Por ello, desde CCOO rechazan el abono en tres anualidades y exigen que se realice en uno solo en 2025. Esta subida del 2% salarial se traduce en unos 250 euros al año para los trabajadores de los grupos «más bajos», ha apuntado Nicolás, lo que, dentro del acuerdo alcanzado, supondrá unos 65 euros al año en 2025, 2026 y 2027.
Por otro lado, ha reivindicado la equiparación de los complementos de nocturnidad, turnicidad, domingos y festivo entre funcionarios y personal laboral, porque «hay muchas personas que haciendo el mismo trabajo en el mismo centro no lo cobran igual».
Esto es consecuencia, ha explicado, de una «adecuación de los complementos» acometida en 2022 que desde CCOO ya advirtieron que «era necesario también ampliar los personales y funcionarios», lo cual no se ha realizado. «Reivindicamos que personas que están haciendo el mismo trabajo deben ser remuneradas de la misma forma», ha remarcado.
Preguntado sobre el acuerdo alcanzado el pasado 4 de diciembre en el seno de la Mesa General de Negociación de la Junta, del cual se desmarcó CCOO, tras la propuesta presentada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha abundado en que se trata de «una cuestión de voluntad política».
Cabe recordar que, en virtud de este acuerdo, los empleados públicos extremeños cobrarán el 2 por ciento pendiente de 2020 en tres anualidades coincidiendo con los primeros cuatrimestres del año 2025, 2026 y 2027.
Nicolás ha reconocido que se trata de una deuda que se arrastra desde la anterior legislatura, bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara, así como que celebraron que el nuevo ejecutivo de María Guardiola la reconociera, pero considera que no es «casualidad» que el último pago se haga a «escasos días de votar en las elecciones autonómicas».
El dirigente sindical insiste en que la propuesta de la consejera es «electoralista», especialmente teniendo en cuenta las cifras que maneja la propia consejería para elaborar el proyecto de presupuestos más altos en la historia de la comunidad autónoma.
Finalmente, Nicolás no ha querido entrar a valorar los motivos por los que los otros dos sindicatos de la Mesa General han aceptado el acuerdo. «Quizás porque han entendido en su seno que les beneficiaba, o pueden venderlo también dentro de sus afiliados. Preguntarles a ellos, ha sentenciado.
