Desde la «traición» del PSOE a los extremeños que defienden Junta, PP y Vox a una «amnistía fiscal» para las empresas propietarias que señalaban los socialistas.
Nuevo capítulo alrededor de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Ayer en el Congreso de los Diputados se aprobaba una Proposición No de Ley que insta al Gobierno Central a prorrogar la vida útil de las siete centrales nucleares españolas, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2035. Proposición presentada por el Partido Popular, que ha contado con el apoyo de Vox y UPN, y que ha salido adelante finalmente gracias a la abstención de los partidos independentistas catalanes, ERC y Junts a pesar del ‘no’ de los partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y Sumar).
Al respecto de todo ello, se suscitaban de nuevo las hiperbólicas reacciones en Extremadura, recordar que las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz serían las primeras en cerrar, según marca el calendario de desmantelamiento vigente. Así, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, celebraba que «haya imperado el sentido común sobre el sectarismo» al aprobarse una iniciativa del PP en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno central a extender la vida de las centrales nucleares españolas.
Aprovechaba el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, para señalar al secretario general del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que asegura ha dado la «espalda» a la comunidad con el voto en contra de los cuatro diputados socialistas extremeños en el Congreso ante la propuesta.
En el mismo sentir, el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández acusaba al PSOE de «traicionar a Extremadura» ayer en el Congreso.
Por su parte, el PSOE extremeño denunciaba que lo que el PP pretende aplicar, con esta proposición es una amnistía fiscal para las empresas de la Central Nuclear de Almaraz, para que todos los españoles y españolas paguen de su bolsillo la gestión de los residuos nucleares durante cientos de años, mientras las compañías tienen ingresos millonarios cada ejercicio, 10.000 millones de euros apuntaba, Isabel Gil Rosiña, portavoz de los socialistas extremeños.
Por último, en esta clave, la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ ha pedido al Gobierno que asuma al mandato del Congreso y reconsidere su calendario de cierre de las nucleares, y que comience a negociar con las empresas su continuidad. Empresas propietarias de la central, que recordamos aún no han pedido ninguna prórroga, aduciendo problemas de viabilidad económica por la, aseguran, alta presión impositiva, que lastraría sus beneficios.
