El mismo día que entraba en vigor la reducción del estatus de menor protección del lobo por parte del Convenio de Berna, la Comisión Europea propuso este viernes 7 modificar la Directiva de Hábitats para reducir el nivel de protección del lobo en la próxima normativa comunitaria y alinearlo con el nuevo estatus adoptado en el Convenio de Berna, rebajado a petición de la UE ante la recuperación de las poblaciones y el incremento de ataques al ganado.

«La concentración de manadas de lobos en algunas regiones de Europa se ha convertido en un peligro real, especialmente para el ganado. Para gestionar de manera más activa estas concentraciones críticas, las autoridades locales llevan tiempo pidiendo mayor flexibilidad», declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall, indicó por su parte que «la protección de los lobos bajo la Directiva de Hábitats ha permitido que la especie se recupere de la casi extinción en las últimas décadas» pero la realidad ha cambiado y ahora hay «un gran número de lobos en algunos países de la UE».

El Ejecutivo comunitario propone que el animal pase de estar catalogado como «estrictamente protegido» a solo «protegido», lo que «otorgará a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para gestionar sus poblaciones de lobos».

De esa forma, las autoridades locales podrán «encontrar soluciones más específicas para proteger tanto la biodiversidad como nuestros medios de vida rurales», añadió Von der Leyen.

«Esto no modifica la obligación legal de los Estados miembros de proteger la especie y preservar sus poblaciones», avisó Roswall sobre una propuesta que requiere la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo.

La modificación del Convenio de Berna a través del Consejo de Europa, en vigor desde hoy, fue aprobada en diciembre del año pasado a petición de la Unión Europea, que en septiembre había solicitado pasar el estatus de protección del Anexo II al III.

Bajo el régimen del Anexo II está prohibida cualquier forma de captura intencional o de muerte intencional -lo que incluye la caza-, así como la destrucción o el deterioro de los espacios de reproducción o de las áreas de descanso. También está proscrito el comercio y la detención de estos animales.

Pero con el Anexo III, las cosas cambian, ya que la reglamentación sí que permite algunas de esas prácticas, a condición de «mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro».

LOS CAMBIOS NO INCIDEN POR EL MOMENTO EN ESPAÑA, DONDE HAY UNA ESTRATEGIA PROPIA PESE AL ENFADO DE SECTORES GANADEROS

La Comisión subrayó este viernes que, aunque se alinee la normativa europea con el Convenio de Berna, los Estados miembros «seguirán teniendo la posibilidad de mantener un nivel de protección más alto si así lo consideran necesario según su legislación nacional».

Esto se debe a que hay un bloque minoritario de países que no apoya esa modificación: España, Irlanda, Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica.

De hecho, España mantendrá el nivel de protección de ese gran carnívoro, que forma parte del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y cuenta con una estrategia nacional para su conservación.

No obstante, dentro del propio Estado español existen divergencias pues las «comunidades loberas» (Galicia, Castilla León, Asturias y Cantabria) llevan varios años presionando en Bruselas para forzar un cambio en la normativa y reclamando en España que aplique los protocolos más permisivos al menos al norte del Tajo, donde los ataques al ganado son frecuentes.

Varias organizaciones ecologistas, por su parte, denunciaron que «durante los últimos 18 meses, la UE ha impulsado la reducción de la protección del lobo a pesar de la falta de evidencia científica sólida.

«Sienta un precedente extremadamente peligroso para las políticas de conservación de la naturaleza» y «prioriza los intereses políticos sobre la ciencia y polarizará aún más el debate», señalaron en un comunicado conjunto las oenegés WWF EU, BirdLife Europe, ClientEarth y la Oficina Europea de Medio Ambiente.

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