(EFE).- Procuradores y abogados de Extremadura se han concentrado este sábado en Mérida para exigir que se dé traslado de sus cotizaciones acumuladas en las mutualidades al sistema público de pensiones al objeto de tener «una pensión justa y digna» e integrar los activos en el sistema público con sus cotizaciones equivalentes «de acuerdo con los principios constitucionales».

Ambos colectivos reclaman «una pasarela» al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) en la que cada año cotizado en la mutualidad equivalga a un año cotizado en la Seguridad Social.

Pensiones dignas
La protesta, convocada por el Movimiento #J2, exige al Gobierno y al Parlamento mejoras en el traspaso a la Seguridad Social de las aportaciones que han hecho en sus años de cotización a las mutualidades profesionales alternativas y que dicho traspaso no suponga un perjuicio económico ni jurídico.

Los convocantes han denunciado que la situación es «insostenible tras décadas en un sistema mutualista que ya no garantiza una jubilación digna».

«Tras décadas de trabajo y dedicación al funcionamiento de la Justicia, nos encontramos con jubilación indignas, de entre 300 y 400 euros», han denunciado este sábado sus portavoces, Francisco Sabido y Pepa Méndez, entre otros.

Afectados
Según datos aportados por el colectivo, entre 4.000 y 4.500 de estos profesionales en Extremadura han cotizado durante años confiando en sus mutualidades, pero a día de hoy «no tienen garantizada una jubilación digna», por lo que se ven obligados a seguir trabajando.

De hecho, los convocantes de la protesta han denuncian que estos profesionales que cotizaron durante décadas en mutualidades están percibiendo o percibirán pensiones de entre 300 y 400 euros, «en doce pagas y sin actualización», cantidades inferiores a una pensión no contributiva y «penalizando a las mujeres con pensiones inferiores a las de los hombres», ha dicho Méndez.

Una situación que, lamentan, vulnera el derecho a una jubilación digna, por lo que reclaman una Pasarela al RETA 1×1 «sin exclusiones ni compras de derechos, que incluya a jubilados, viudos, huérfanos, enfermos y profesionales en activo».

Han expuesto que miles de abogados y procuradores están atrapados en las mutualidades, un sistema alternativo a la Seguridad Social que «el Estado ni legisló correctamente ni supervisó».