La fiscalización del Tribunal de Cuentas analiza las cuentas de dicho ejercicio de las 53 entidades y cuatro fondos sin personalidad jurídica.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura del ejercicio de 2022, que cerró con un saldo presupuestario positivo de 195 millones de euros.

Cabe señalar que la fiscalización del Tribunal de Cuentas analiza las cuentas de dicho ejercicio de las 53 entidades y cuatro fondos sin personalidad jurídica que conforman el Sector Público Autonómico de Extremadura.

Las cuentas consolidadas que fueron rendidas reflejan un presupuesto de 7.037 millones de euros de los cuales se gastaron 6.340 millones de euros, obteniendo en el ejercicio fiscalizado un resultado presupuestario positivo de 195 millones de euros.

De este modo, el Tribunal de Cuentas señala que la Cuenta General de Extremadura -que incorpora las cuentas individuales, las consolidadas del sector administrativo y las agregadas de los sectores empresarial y fundacional- se ha formado y rendido conforme a la normativa aplicable, proporcionando una «visión integrada» de la situación económico patrimonial y de la ejecución presupuestaria del sector público autonómico.

El informe concluye que las cuentas individuales que forman parte de la Cuenta General de la Comunidad se han adaptado a los principios y normas contables a excepción de las «salvedades e irregularidades recogidas en el informe», según ha apuntado el Tribunal de Cuentas en una nota de prensa.

Entre las salvedades más significativas destacan las derivadas de las «deficiencias» en el registro del Inmovilizado no financiero, motivadas, principalmente, por la desconexión de los sistemas contable con las respectivas aplicaciones de gestión.

Además, el Tribunal pone de manifiesto una «infravaloración» de los saldos finales de tesorería y acreedores por operaciones devengadas, así como la «inexistencia de un sistema de gastos con financiación afectada». Esta última afectaría al cálculo del resultado presupuestario y al remanente de tesorería, reduciéndolos en 122 millones de euros y 475 millones, respectivamente.

Asimismo, el informe señala la ausencia de un «sistema de supervisión continua» y de la realización de controles de eficacia sobre las entidades dependientes que integran el sector autonómico.

El Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendaciones al gobierno autonómico y a la Asamblea de Extremadura sobre modificaciones normativas e incluye otras, dirigidas a la Administración General y a sus entidades dependientes, en las que se insta, principalmente, a la implantación de procedimientos que solventen las «deficiencias contables y presupuestarias detectadas».

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones, el Tribunal de Cuentas ha propuesto efectuar las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de rendición de las cuentas a 31 de julio del ejercicio siguiente al que se refieran para facilitar, así, el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por dicho tribunal.

También modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Extremeño Público de Empleo, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Instituto de Estadística de Extremadura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Instituto de Consumo de Extremadura y el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.

Se pretende con ello que sea obligatoria la formación de presupuestos propios y la rendición de cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General, según detalla el Tribunal de Cuentas.

Otras de las recomendaciones es adaptar los estatutos de los Consorcios Extremeño de Información al Consumidor, Teatro López de Ayala, Consorcio para la Gestión del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida y Feval-Institución Ferial de Extremadura para que resulte de aplicación el régimen presupuestario y contable previsto por la LH para los consorcios de naturaleza administrativa.

Asimismo, incluir en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura la obligación de llevar a cabo controles de eficacia sobre su sector público institucional, así como la obligación de integrar en las cuentas anuales de las empresas y fundaciones públicas autonómicas, información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico-financieras que asumen estas entidades por su pertenencia al sector público autonómico que afectan a la Administración General.

También revisar, sistemáticamente y por ejercicio de origen, todos los deudores presupuestarios contabilizados en concepto de tributos y cuya antigüedad supere los plazos de prescripción, a fin de evitar errores en los saldos registrados.

De igual forma, según el Tribunal de Cuentas, deberían implantarse procedimientos de comunicación entre los órganos responsables de la gestión de ingresos y el servicio de contabilidad que permitan un conocimiento actualizado de la situación de estos deudores, al menos con carácter previo al vencimiento del plazo de prescripción.

Finalmente, recomienda realizar la depuración del saldo de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que debería conllevar la anulación de los importes erróneamente reconocidos o prescritos y la imputación a presupuesto y abono de la deuda real.