La iniciativa, debatida en el pleno de la Asamblea de este jueves, reclamaba realizar las gestiones necesarias para conseguir la titularidad pública del terreno en el que se situó el Campo de concentración de Castuera.

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han sumado sus fuerzas para rechazar una propuesta de impulso ante el Pleno de la Asamblea de Unidas por Extremadura para desarrollar en los antiguos terrenos en los que se situó el campo de concentración de Castuera un museo de la memoria, que sí ha recibido el apoyo, aunque insuficiente, del PSOE.

La iniciativa, debatida en el pleno de la Asamblea de este jueves, reclamaba realizar las gestiones necesarias para conseguir la titularidad pública del terreno en el que se situó el Campo de concentración de Castuera, así como la denominada «Mina la Gamonita», para desarrollar en ellos un proyecto museístico para dignificar, preservar y rehabilitar el espacio de forma consensuada con las asociaciones memorialistas de Extremadura.

También planteaba promover la difusión a través de exposiciones itinerantes, charlas y conferencias e incluir la visita al Campo de Concentración como recurso didáctico para los centros educativos; así como desarrollar cuántas acciones sean necesarias, tanto en el Campo de Concentración de Castuera, la «Mina la Gamonita» y el cementerio de Castuera, para recuperar a las víctimas que puedan permanecer en esos espacios.

Por su parte, los socialistas habían logrado incorporar al texto dos puntos aceptados por Unidas por Extremadura, para crear un lugar de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura en el campo de concentración de Castuera y seguir avanzando en la aplicación de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura a través del desarrollo reglamentario de la misma.

La diputada ‘popular’ Luisa Durán ha argumentado que la Junta «no va a construir un museo para la memoria histórica y democrática», sino que dará «prioridad a lo más importante para las familias, las exhumaciones», y así lo hará «cumpliendo con la ley», ha afirmado.

Por su parte, el diputado de Vox, Álvaro Sánchez Ocaña-Vara, ha señalado sobre la titularidad pública del terreno del campo de concentración de Castuera y la mina de la Gamonita que su formación no ha venido «a tirar el dinero». «A día de hoy no tenemos presupuestos, tampoco podemos adquirir una titularidad pública y gastar el dinero en este tipo de asuntos», ha argumentado.

Antes de ser rechazada la propuesta, la diputada de Unidas por Extremadura ha defendido la necesidad de dignificar este espacio, en el que «no hay ni un cartel», que estuvo abierto tan solo de enero de 1939 hasta abril de 1940, por el que pasaron más de 10.000 prisioneros.

Según ha explicado, este espacio que servía de clasificación de presos, teóricamente, para luego ser juzgados y enviados a otros campos o cárceles, es «una de las cicatrices sangrantes» que permanecen en Extremadura porque «no se ha hecho nada» por el «abandono institucional» por parte de los gobiernos regionales tanto del PP como del PSOE.

«Queremos que esto sea un campo para la memoria, un campo para la memoria de Extremadura y una dignificación para todas esas víctimas y familiares que aún están esperando que en Castuera se hable de memoria», ha defendido Fernández.

Unidas por Extremadura pretende que Castuera sea «un ejemplo didáctico» del «derecho a la verdad, que es un derecho humano, de ese derecho de la memoria y de ese derecho que es la garantía de no repetición».

A su vez, la diputada socialista Marisol Mateos, que ha contado que su abuelo paterno, sargento en la Segunda República, estuvo preso en el campo de Castuera, del que pudo escapar, ha explicado que la enmienda planteada por su formación pretendía «amplificar» el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2019.

Una ley en la que quieren que siga avanzando porque existe «una deuda de gratitud con las víctimas del franquismo», al tiempo que ha abogado por explicar esta cuestión «desde la educación, las escuelas, con pedagogía y con políticas públicas de memoria esenciales en el impulso de los valores democráticos», para que los más jóvenes «no caigan en los discursos de odio de los herederos del terror».

A su vez, la diputada del PP Luisa Durán Pagador ha recriminado a los socialistas que presentan una enmienda en la que insta al Gobierno de la Junta a hacer «lo que ya hace», y que no es otra cosa que «a seguir cumpliendo la Ley de memoria histórica y democrática», de lo que deduce que «lo único que pretenden es volver a sumirnos en un debate ideológico y hacer ruido».

En este punto, ha interpelado a los socialistas por qué no compraron durante su mandato los terrenos del campo de concentración de Castuera y si les parece correcto «malgastar» 18.000 euros «que se podrían haber utilizado para la exhumación de las víctimas en vez de realizar un proyecto museístico sobre un terreno que no es propiedad de la Junta». «¿Qué hizo el Partido Socialista? Engañar a las familias y engañar a las asociaciones (memorialistas)», ha dicho.

Por ello, frente al «incumplimiento» del Gobierno Socialista, el gobierno de María Guardiola es «responsable» porque «cumple la ley» a pesar de que no les gusta, ha reiterado, y de que el PP la votara en contra en 2019.

En todo caso, ha señalado que el Ejecutivo regional «no va a construir un museo para la memoria histórica y democrática» como piden PSOE y Unidas, sino que «dará prioridad a lo más importante para las familias, las exhumaciones, y así lo hará cumpliendo con la ley».

«Exhumar, dignificar y devolver todas las víctimas a sus familiares y hacerlo con la dignidad y el respeto que merecen es prioridad para el Gobierno» extremeños, porque es «el mejor homenaje» y «lo que necesitan las familias». «Tenemos la obligación de hacerlo por todas las víctimas», ha añadido.

Finalmente, el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña-Vara, ha insistido en que la represión fue «feroz en uno y otro bando», y sobre la compra de los terrenos, le ha preguntado a la diputada de Unidas por Extremadura «qué hacemos con otros monumentos» que hay «por doquier» en la región. «¿Qué hacemos con las cruces?», ha interpelado.

En este sentido, ha invitado a preocuparse «por 2025», por «intentar arreglar la vida a los que están aquí, sobre todo a los jóvenes, «sin olvidar el pasado», pero sin hacer de esta cuestión «un tema de interés y debate político».