La propuesta plantea que participen en este acuerdo los representantes de los trabajadores, los agentes sociales, los grupos políticos y la Fempex.
EP – La Asamblea de Extremadura ha aprobado una moción presentada por el Grupo Socialista en la que propone un acuerdo para un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre gracias al apoyo de Unidas por Extremadura y la abstención de Vox, que ha dejado al PP sin los votos necesarios para rechazarla.
La propuesta plantea que participen en este acuerdo los representantes de los trabajadores, los agentes sociales, los grupos políticos y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), con el objetivo de conseguir un «verdadero servicio público que lleve la implantación de un nuevo modelo de gestión y que mejore el servicio e incremente los recursos destinados al transporte sanitario».
La iniciativa, subsiguiente a una comparecencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ausente en el hemiciclo, lo cual ha sido recriminado por la diputada socialista Isabel Gil Rosiña, ha salido adelante tal y como ha sido presentada, después de que el grupo proponente haya rechazado sendas enmiendas presentadas por PP y Vox.
El texto de la misma está copiado del programa electoral de María Guardiola, tal y como ha explicado Gil Rosiña, y con ello el Grupo Socialista pretendía aunar a los grupos parlamentarios para enmendar la gestión de este servicio por parte del Ejecutivo regional.
«Proponemos hoy al Gobierno nada más y nada menos lo que ellos proponían cuando veían los toros desde la barrera», ha señalado Gil Rosiña al gobierno regional, al que ha calificado de «torpe políticamente» porque es «incapaz de hablar con las fuerzas políticas».
Por este motivo, con esta moción los socialistas interpelan al conjunto de las fuerzas políticas del parlamento, y en especial al PP, «que tiene que enmendar la incapacidad y también la despreocupación» de la consejera, motivo por el que ha reconocido el «esfuerzo» realizado por los propios ‘populares’ y Vox en la presentación de enmiendas en un intento por llegar a acuerdos.
En concreto, la enmienda del PP pretendía, entre otras cuestiones, vincular la negociación a la actualización del Convenio Colectivo para las empresas y trabajadores del sector.
Al respecto, la diputada socialista ha apelado al artículo 37 de la Constitución Española que es la «garantía legal del derecho de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios». «Usted debatiendo aquí una enmienda no hace posible que un convenio sea vinculante. Tenga mayor respeto por la negociación colectiva», le ha espetado.
Los ‘populares’ también introducían en su enmienda que el objetivo del nuevo modelo sería «garantizar la excelencia», consolidar su sostenibilidad y establecer un modelo eficaz que «despolitice» su gestión, para «alejarla del debate político-partidista y centrarla en su verdadera esencia, en un servicio público para el servicio de los ciudadanos», ha apuntado el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, José María Saponi.
En defensa de su enmienda, ha señalado que «reformular» esta propuesta, que recoge una medida de su propio programa electoral, «no significa renunciar» a sus objetivos, sino «más bien reforzarla».
Por un lado, vincular el próximo pliego a la firma del convenio colectivo tiene como objetivo «dignificar el trabajo y las condiciones laborales de los profesionales», y en segundo lugar, persigue la «despolitización» del servicio.
Por su parte, la enmienda de Vox pretendía abordar este nuevo modelo de la mano de los representantes del sector, es decir, los trabajadores y la patronal, pero «aquí no pintan nada ni los partidos ni la Fempex», ha señalado el portavoz del grupo parlamentario, Óscar Fernández, quien sí considera apropiado también que sumen sus aportaciones los responsables de las áreas sanitarias, de hospitales, del 112 y las asociaciones de usuarios.
Fernández ha compartido con los socialistas que el gobierno del PP «no ha sabido resolver ni enfocar» la situación del servicio de ambulancias, si bien ha recriminado a la diputada del PSOE que atribuya toda la responsabilidad al actual gobierno, cuando «la realidad es que la situación tiene nombre y apellidos y se llama Partido Socialista Obrero Español».
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha criticado la «indolencia» del Gobierno por un asunto que cuando estaba en la oposición era «de urgente necesidad y lo sigue siendo», a pesar de lo cual «no hace un reconocimiento tácito» de los errores cometidos.
En este sentido, ha apoyado la propuesta por considerar que se trata de un asunto que deben abordar «entre todos» con el objetivo de «sacarlo de la conflictividad actual».
