EP – La propuesta de ley de Vox para anticipar la segunda actividad de la Policía Local en la región a los 60 años o a los 55 llevando 25 años en situación de servicio activo continúa su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, después de superar este jueves el debate de totalidad en la Cámara regional.
Lo hace después de que el PP y el propio Vox hayan impedido con su voto en contra en ambos casos que prosperase la enmienda de totalidad –apoyada por Unidas por Extremadura– formulada por el PSOE a la iniciativa.
El diputado del PP Hipólito Pacheco, pese a reconocer que Vox «no» ha negociado su propuesta con su partido, ha argumentado la permisividad ‘popular’ para que continúe la tramitación parlamentaria «en primera instancia» de la iniciativa de la formación de ultraderecha con el objetivo de «mejorar» la misma y también la propia Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, así como igualmente para «escuchar» la opinión de los agentes sociales sobre la cuestión en las comisiones de la Asamblea.
En defensa de la iniciativa de su grupo, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha recalcado que «hora es ya de reconocer a los militares de complemento y militares de tropa y marinería que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a otros empleados públicos».
Por su parte, la diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha considerado que el debate de la «sinrazón» que supone la iniciativa de Vox obedece a la «política populista» de dicha formación y a «presionar al PP para la aprobación de los presupuestos de 2025».
PROPUESTA DE VOX
En concreto, la iniciativa –que es la única propuesta de ley actualmente en tramitación en la Cámara regional– plantea una modificación de la Ley 7/2017, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Así, la propuesta de Vox propone adelantar hasta los 55 años la situación de segunda actividad para los agentes con más de 25 años de servicio, y reserva un máximo del 20 por ciento de las plazas convocadas para el acceso libre para militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.
Vox plantea, igualmente, que en todos los procesos selectivos se valore «siempre» el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar de carrera, de complemento, de tropa y marinería, de reemplazo y reservista.
En defensa de la iniciativa de su grupo, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha argumentado que, si bien la Constitución reserva la competencia exclusiva sobre la seguridad pública al Estado, el artículo 148 atribuye a las CCAA «la competencia sobre la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establece una ley orgánica».
Ha añadido al respecto que el artículo 52 recoge «la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben disposiciones que permitan la adecuación y transposición de los principios generales del régimen estatutario de las policías locales».
También ha incidido en que el Estatuto de Autonomía de Extremadura dispone de que ésta tiene «competencia exclusiva» sobre la coordinación y demás facultades previstas en la ley orgánica correspondiente a las policías locales.
Y, por otro lado, ha subrayado que la Ley de Tropa y Marinería, que reguló una relación de servicios de larga duración para la tropa y marinería que, aunque temporal, se prolongaba hasta los 45 años de edad pero, transcurridos ya 18 años, «tales disposiciones legales no han tenido cumplimiento pleno».
En defensa de la propuesta, el portavoz de Vox ha defendido que hay comunidades como Andalucía que «han reservado un porcentaje de las plazas de la policía local a los militares»; y ha recalcado que «hora es ya de reconocer a los militares de complemento y militares de tropa y marinería que tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a otros empleados públicos».
ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PSOE
Por su parte, en la defensa de la enmienda de totalidad de su grupo a la propuesta de Vox, la diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha considerado que el debate de la «sinrazón» que supone la iniciativa de Vox obedece a la «política populista» de dicha formación y a «presionar al PP para la aprobación de los presupuestos de 2025».
Así, entiende que la propuesta de Vox surge «sin negociación colectiva, sin contar con los sindicatos, sin contar con los ayuntamientos, sin contar con nadie», y «perjudica seriamente» a los Policías Locales y a los consistorios a los que «se les va a cargar la mochila sin haberles consultado»; así como «obvia» los principios de igualdad, capacidad y mérito.
Al respecto, García Ramos ha tachado de «totalmente populista» la propuesta de Vox, que a juicio del PSOE «excede las competencias de Extremadura porque regula cuerpos del estado, y «choca» con varias leyes.
Además, la diputada socialista ha incidido en que en la tramitación de la propuesta de ley de Vox no se ha solicitado informe al Consejo de Estado sobre posibles vulneraciones de la norma, lo que podría llevar a que la misma pudiera ser declarada «inconstitucional».
Por todo ello, ha invitado a Vox «a hacer la casa por los cimientos, no por el tejado», convocando el COPLE y la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura para presentarles una modificación de la ley con «mejoras generales» y «no sólo beneficiando a un colectivo», para llegar en su caso a un «consenso».
FIJACIÓN DE POSICIONES
Por su parte, el diputado del PP Hipólito Pacheco pese a reconocer que Vox «no» ha negociado su propuesta con su partido, ha adelantado que los ‘populares’ permitirán la tramitación parlamentaria «en primera instancia» de la iniciativa con el objetivo de «mejorar» la misma y también la propia Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, así como igualmente para «escuchar» la opinión de los agentes sociales sobre la cuestión en las comisiones de la Asamblea.
En todo caso, ha indicado que el PP está «de acuerdo» con la reforma que plantea Vox «por justicia», ya que los militares «han puesto en peligro su vida para asegurar la defensa de España y la integridad del territorio» y, además, disponen de una «excelente formación» y una «extraordinaria experiencia» que, sumadas a la «disciplina» que se aplica en el Ejército, va a permitir «enriquecer» la Policía Local en Extremadura.
Además, ha incidido en que con la iniciativa que plantea Vox «nadie les va a regalar nada» a los implicados; así como que «respeta absolutamente la autonomía municipal» y, además, «no puede ser inconstitucional», en tanto que «ya está en vigor en comunidades autónomas como Andalucía y el Tribunal Constitucional no ha dicho nada».
Durante su intervención, el ‘popular’ –en alusión a la situación de la relación del PP con Vox en la actualidad– ha indicado asimismo que «nadie tiene más motivos que el PP para votar en contra de una propuesta de Vox», después de que «está amenazando con no permitir el presupuesto del año 2025 por una cuestión que no es presupuestaria y que no es competencia de la Junta de Extremadura», en alusión a la inmigración.
Ha recordado también que Vox, además de «deslealmente romper» el Gobierno de coalición, tumbó el decreto de medidas fiscales de la Junta en materia de vivienda, y pese a lo cual –unido a lo anterior– ha incidido en que el PP permitirá la tramitación de la propuesta de ley sobre policías locales «sólo pensando en los intereses de Extremadura y de los extremeños».
A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha reconocido que «hace tiempo que es un problema» el hecho de que los militares profesionales tengan que abandonar el cuerpo a los 45 años, con la dificultad que ello acarrea para incorporarse al mercado laboral.
No obstante, ha considerado que ya están previstas medidas para intentar facilitar esa incorporación y que, en todo caso, la cuestión debería mejorarse con «consenso político» y no «sin hablar con nadie» como a su juicio hace Vox al plantear una propuesta de ley que, además se ser «inconstitucional», a su juicio supone «una ocurrencia que está mal hecha», y que es más bien un «peaje» a pagar por el PP para intentar sacar adelante los Presupuestos regionales de 2025.
