«No se va a poder demostrar su responsabilidad, y espero que en su momento la respuesta del Tribunal Supremo sea en ese sentido», ha asegurado.
EP – El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, se ha mostrado «discrepante» con la tesis del Tribunal Supremo respecto a la apertura de causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos y ha asegurado que «no hay ni siquiera indicios».
Montero, quien ha recordado que él fue el fiscal designado en el caso de la querella de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dos miembros del Ministerio Público por delitos de revelación de secretos, ha incidido en que «para el Ministerio Fiscal» y para él «no ha existido ese tipo de delito».
Además, a preguntas de los medios en Badajoz, ha considerado que, de alguna forma, se están «invirtiendo los términos», ya que, como ha dicho, existe una persona –en referencia a González Amador– que «ha cometido una serie de delitos fiscales», que «incluso reconoció en su momento» porque estaba «a punto de conformarse con el Ministerio Fiscal», y ahora «solo se habla de la situación del fiscal general del Estado».
«Yo estoy completamente seguro que no va a pasar nada, que no hay nada, porque no hay ni siquiera indicios, no se va a poder demostrar su responsabilidad, y espero que en su momento la respuesta del Tribunal Supremo sea en ese sentido», ha asegurado.
Además, y preguntado por su opinión sobre las filtraciones, el fiscal superior de Extremadura ha dicho que la causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se llevó «no tanto por las filtraciones sino por la nota de prensa» emitida por la fiscalía.
«Yo siempre mantuve que la nota de prensa no desvelaba nada porque todo estaba publicado», ha añadido, además de apuntar que «el secreto del sumario es el secreto del sumario» y que las «filtraciones pueden generar indefensión de alguna de las partes».
«Dicho lo cual, las filtraciones en este caso concreto se iniciaron no por parte de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general del Estado ha dicho que no ha filtrado nada y yo le debo de creer. Lo que sí está empíricamente demostrado es que las primeras filtraciones interesadas y contrarias a la verdad fueron hechas desde otro entorno. Yo no voy a decir cuál porque tampoco lo sé», ha apuntado.
También ha señalado que los correos electrónicos, que es el «objeto de la investigación actual, han estado en poder de muchísimas personas». «No sé cómo se va a poder averiguar quién haya sido el filtrador. Aunque yo tengo mi composición mental pero no puedo decirla porque sería aventurar y estamos hablando de una categoría de sospechas, digamos así, pero bastante fundada, se lo puedo asegurar», ha subrayado.
Finalmente, y preguntado por si cree que la Fiscalía debería haber abierto un proceso para averiguar cómo se produjo la filtración en cuestión, el fiscal superior de Extremadura ha defendido que «si la Fiscalía no ha filtrado ninguna documentación no tiene que abrir ningún proceso».
«La Fiscalía cuando se estaban difundiendo noticias falsas sobre un determinado procedimiento penal salió al paso con un comunicado de prensa intentando aclarar. El comunicado de prensa será más o menos afortunado. Yo no voy a entrar en esa cuestión. No voy a decirlo. A mí me parece que había que poner el punto sobre la i y aclarar. El fiscal tiene una misión informativa. Tiene que dar a la sociedad su perspectiva de los hechos. Tiene un deber de comunicación», ha defendido.
Por ello, ha incidido en que, ante unas noticias que estaban «poniendo en solfa» al Ministerio Fiscal e «incluso comprometiendo su imparcialidad y su imagen», la Fiscalía General del Estado «salió al frente con una nota de prensa aclaratoria y que cronológicamente dijo cómo habían sucedido los hechos»
