Casi cuatro de cada diez hogares (39,4 por ciento) de hogares extremeños con niños no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, y el 20,6 por ciento no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según se desprende de un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Extremadura realizado por Unicef basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023.
Así, señala que el 39,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en Extremadura se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social, por encima del conjunto de España (34,5 por ciento).
Además, un 11,5 por ciento de las personas de 0 a 17 años de Extremadura viven en hogares en situación de carencia material y social severa.
Por ello, Unicef recomienda a las administraciones la protección especial para las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres, reforzando medidas para la mejora de su capacitación laboral y su formación profesional, así como fortalecer las medidas de protección social para lograr que se mantenga el empleo e ingresos de las familias con hijos.
Estas medidas, reclama, deben ser de «amplia cobertura y complementarias» de las prestaciones estatales, «reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para el acceso a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables».
Del mismo modo, reclama facilitar el acceso y el mantenimiento de una vivienda en las condiciones de habitabilidad «óptimas» con foco en los hogares con niños y niñas, incluyendo medidas orientadas a facilitar el mantenimiento de la vivienda en alquiler, a través, además, de la provisión de vivienda asequible y de las ayudas al pago de la renta.
Al director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, ha señalado que si bien el país se encuentra en una coyuntura macroeconómica «favorable», las cifras de pobreza infantil indican que «se está dejando atrás a los niños y niñas», y ha criticado que España invierte «sólo» un 1,5 por ciento del PIB en protección social de la infancia y las familias.
