El diputado de Unidas por Extremadura , Joaquín Macías, ha puesto en valor la “importancia del transporte escolar en nuestra región para garantizar la educación a todos los alumnos, independiente de donde vivan”.

Unidas por Extremadura ha presentado una propuesta de impulso para instar al Gobierno Central a agilizar la regularización de medio millón de migrantes.

Unidas por Extremadura ha defendido en el Pleno de la Asamblea celebrado esta semana una Interpelación ante el gobierno de la Junta de Extremadura sobre la política general del transporte escolar.

El diputado Joaquín Macías, el encargado de presentar esta Interpelación, ha destacado que “el transporte escolar es un elemento muy importante del sistema educativo porque tenemos una gran dispersión de nuestra población, y si no hay un servicio de transporte que cubra todo el territorio con garantías, esto repercute en la igualdad de las familias y estudiantes que están en el medio rural”.

Macías ha recordado que “a nuestro Grupo nos han llegado en reiteradas ocasiones quejas de padres y madres por distintos motivos como la antigüedad de los vehículos; los problemas con las paradas, como la última movilización que ha habido en Plasencia por ello; estudiantes que han llegado a ir sentados en el autobús porque no había asientos suficientes; o problemas de seguridad relacionados con el confort o con la conducción”.

Por ello, el diputado ha defendido esta Interpelación al Gobierno argumentando que “hasta ahora no han venido a explicar el acuerdo marco de transporte escolar en nuestra sede parlamentaria”, destacando la importancia de que “los estudiantes puedan acceder al sistema educativo independientemente de donde vivan. No es lo mismo vivir en el medio urbano que en el rural. Debemos hacer un esfuerzo porque tengan el mismo acceso al sistema educativo porque, además, tiene mucho que ver con frenar la despoblación en el medio rural”, instando a “hacer todos los esfuerzos posibles para que los pueblos en Extremadura no se vean abandonados”.

Joaquín Macías ha denunciado que su grupo ya tenía “quejas del sistema anterior porque en gran parte era una subasta a la baja. Había empresas que se llevaban la licitación porque ofrecían menos, y quienes pueden entrar en esa carrera son las empresas más grandes que tienen capacidad para tener beneficio, para acceder a más lotes y poder competir, las pequeñas no. Las subastas a la baja en las licitaciones provocaban problemas en cuanto a la calidad del servicio en muchas ocasiones”.

En este sentido ha pedido “que se cumplan los pliegos y se supervise, no como ocurría anteriormente. Ya que se hace un esfuerzo en poner más dinero desde la administración para que las empresas puedan tener un beneficio razonable, ya que muchas de esas empresas están afincadas en el medio rural es justo que se cumpla con la licitación y que se den todas las garantías de seguridad y de calidad en el transporte”.

Por ello, ha puesto el foco en “cómo se ha reforzado o no en este nuevo pliego las medidas de control”, exigiendo “nuevos instrumentos para poder hacer el seguimiento de todas las incidencias y problemas. Esta es la clave del asunto, tiene que haber una mejora en todo el control y seguimiento de las licitaciones. Es importante que expliquen cómo eso ha cambiado”.

Por último ha pedido que “la atención a la diversidad se cumpla también con el transporte”, afirmando que “vamos a hacer un seguimiento para ello del contrato y de las condiciones”.

PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO REGULARIZACIÓN MIGRANTES

Por otro lado, Unidas por Extremadura ha llevado al Pleno de la Asamblea una Propuesta de Pronunciamiento para exigir que se agilice desde Extremadura la regularización de medio millón de personas migrantes tras desbloquearse en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular firmada por más de 700.000 personas.

La diputada encargada de defenderla, Nerea Fernández, ha destacado que “se trata de un tema fundamental en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, justificando que “esta medida es urgente porque el sistema de regulación ordinaria no funciona, y más que ser una cuestión de fronteras y de leyes, toca el corazón de los derechos humanos y nos invita a reflexionar, quizás y yo soy una optimista nata, las bases de un sistema económico que perpetúa la explotación y la exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Fernández ha alertado de que según la Fiscalía de Extremadura “el primer motivo de que se produzcan delitos de odio son el racismo y la xenofobia. El aumento de la violencia política en Europa, y toda esta coyuntura social está relacionada entre sí y no es por la llegada de personas migrantes ni porque haya inmigración. No, son ellos los que causan una quiebra, una alarma social”, señalando que “el aumento de la percepción de la inmigración como un problema es directamente proporcional al uso irresponsable, mezquino y de mentiras que la extrema derecha y la derecha como pata de esta, hacen”.

La diputada ha destacado que “solo el seis por ciento del 13 por ciento de la población migrante llega de manera irregular”, abogando por tanto por “regularizar su situación”. “De ese 13 por ciento -ha continuado- también entran alemanes, ingleses, franceses que viven aquí. Esos no molestan”, ha dicho de forma irónica. Además, ha puesto el ejemplo de Almendralejo: “Las personas que vienen de Rumanía también son europeos y sin embargo, se les percibe con este imaginario irreal de que vienen a quitarnos el trabajo, recibiendo el mismo discurso de odio, no me tengo que ir muy lejos, hace muy poco ha pasado en Almendralejo, donde los han señalado en una manifestación”.

Fernández ha explicado que “en Extremadura tenemos una representación de población inmigrante que se reparte de forma desigual, con una mayor presencia en zonas donde se dan trabajos relacionados con el sector primario y otra mucho menor en donde este no está presente”. Al respecto ha reseñado que “la convivencia es buena y el calado de los discursos racistas hasta el momento no ha sido generalizado. Sin embargo, la acogida de menores inmigrantes en diversos centros como el albergue de Mérida ha dado lugar a campañas de criminalización oportunistas”.

Nerea Fernández ha señalado que “a las personas migrantes se les relega a los márgenes, se les criminaliza, se difunden bulos y mentiras y se les somete a políticas y discursos xenófobos y racistas”, defendiendo que “las personas migrantes no son, ni deben ser vistas, como mano de obra barata, como cifras o como “problemas” a gestionar. Son seres humanos, con derechos inalienables”, y el derecho a migrar: “Es un derecho humano, por eso nadie es ilegal, están en situación irregular pero jamás ilegal, así como lo es el derecho a una vida digna y libre de explotación”.

Por todo ello ha apostado por “no permitir que nuestras vecinas migrantes sean sometidas a trabajos sin derechos, a condiciones laborales indignas y a la constante amenaza de ser expulsadas. Es por eso que es imperativo que la ILP no se estanque, que se impulse y que salga adelante”.