• También reclama un calendario cerrado con los distintos proyectos de ejecución y los plazos para llevarlos a cabo
• Subraya que ‘ya está bien de jugar con el futuro de cientos de familias’ que han hecho pagos, sufrido expropiaciones y continúan en la incertidumbre
• Aconseja a los distintos grupos políticos que se dejen de “polémicas estériles” y actitudes pueriles y digan de una vez si van a hacer el Regadío
• Apunta que una consignación presupuestaria no garantiza nada porque el papel lo aguanta todo y lo que genera es más incertidumbre
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) exige públicamente a todas las administraciones implicadas en el Regadío de Tierra de Barros -como viene haciendo en los últimos años- un compromiso firme, con la financiación íntegra del Proyecto, y un calendario cerrado con las distintas obras a realizar y sus plazos de ejecución.
La Comunidad denuncia que ‘ya está bien de jugar con el futuro de cientos de familias’ que a día de hoy han pagado cuotas durante varios años, han sido objeto de expropiaciones y mantienen una incertidumbre total sobre el Regadío, y reclama concreciones y certezas para que los agricultores sepan a qué atenerse y poder acometer los proyectos que tengan para sus cultivos.
La Organización agraria aconseja a todos los grupos políticos con representación en el Gobierno de Extremadura o en el de España que se dejen de “polémicas y discusiones estériles” con un único objetivo partidista, que abandonen las actitudes pueriles a las que nos tienen acostumbrados en los últimos años, y digan de una vez por todas si apuestan o no por el regadío, con un compromiso financiero y temporal firmado y sellado por todas las partes competentes, para desterrar la incertidumbre y el ‘circo político’ que ha rodeado a este proyecto desde sus orígenes hace más de una década.
La Comunidad de Labradores concluye que el anuncio hecho por parte de María Guardiola, de consignar una partida de 20M€ para el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros, no garantiza nada, como está más que demostrado con otros casos similares en los que el único objetivo era dejar constancia de una ‘falsa voluntad política’ en el Presupuesto.
