EP – El sindicato CSIF Extremadura ha anunciado que va a impugnar los pliegos del nuevo contrato del servicio de Transporte Sanitario Terrestre de la comunidad autónoma al no recoger el nuevo convenio colectivo, que se espera que esté firmado a finales de mes, en el que se incluirán actualizaciones salariales.
Así lo ha avanzado el sindicato en rueda de prensa este miércoles en la que han solicitado la retirada de los citados pliegos que recogen «cientos de errores», entre ellos en los cálculos de incremento de los salarios avanzados por el Servicio Extremeño de Salud.
Cabe recordar que la propia consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, anunció la publicación de los pliegos, que recogen un incremento salarial del 17,86%, de acuerdo al aumento que han experimentado los sueldos de los funcionarios desde el pasado 2017, año desde el que llevan congeladas las nóminas de la plantilla de las ambulancias.
Esto se debe a que esta subida media no se aplica a todos los trabajadores, en tanto que no es efectiva para todos los pluses salariales. En concreto, solo se tiene en cuenta el salario base, la antigüedad y el plus de convenio, pero dejan fuera los de guardia presencial y no presencial o el de nocturnidad.
De esta forma, según los cálculos de CSIF, serían necesarios 2 millones de euros más respecto a los 47 millones de euros anuales con los que ampliará la administración autonómica el presupuesto del servicio, solo el primer año, dado que esta cantidad se vería incrementada cada año con la aplicación de las revisiones anuales.
«Si no se retiran los pliegos, vamos a impugnarlos», ha advertido el secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF Extremadura, Francisco Fernández Domínguez, en una rueda de prensa en Mérida acompañado por María José González Aría y Máximo Blanco Grande, responsables del área de Empresa Privada de Cáceres y Badajoz.
Una comparecencia en la que han mostrado su «sorpresa» por la publicación de los citados pliegos a falta de unos días para la firma del nuevo convenio colectivo del transporte sanitario, lo cual se espera para finales de este mes, a falta de unos flecos sobre el periodo transitorio hasta su entrada en vigor, y tras el preacuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal el pasado 12 de agosto.
Desde este momento la Junta de Extremadura se desvinculó de las negociaciones, movimiento que el sindicato atribuye a la inclusión de la actualización salarial en el nuevo convenio, lo cual es una «línea roja» para la administración regional.
«La línea roja de la Junta de Extremadura es que no quiere incrementos salariales para los siguientes años. Y así nos lo he quedado claro», ha aseverado Máximo Blanco.
«No queremos repetir errores del pasado», ha apuntado, por su parte, María José González, en alusión a la ausencia de cláusulas de revisión salarial en el anterior convenio, que ha motivado la congelación de los sueldos de los trabajadores desde 2017, provocando así la pérdida de poder adquisitivo del colectivo durante todos estos años.
En este sentido, reconocen el esfuerzo de la administración por actualizar los salarios de acuerdo al incremento medio del resto de funcionarios, que se corresponde con el citado 17,86 por ciento, a pesar de que, tal y como viene en los pliegos, no es una subida «real» en tanto que no se aplica a todos los pluses salariales.
Sin embargo, y en caso de que fuera real la equiparación salarial, solo sería efectiva el primer año, ya que los cuatro siguientes en los que el contrato esté en vigor, la empresa adjudicataria no estaría obligada a ninguna actualización, debido a que esta no se recoge en el actual convenio.
El objetivo de equiparar los sueldos a la media nacional por el que ha apostado CSIF solo se cumpliría el primer año, pero dentro de cinco los trabajadores de las ambulancias de Extremadura volverían a estar «a la cola del país», ha indicado González.
REDUCCIÓN DE HORAS
Por otro lado, respecto al incremento de los costes salariales anunciados desde el SES, ha señalado que no se corresponde con el incremento de los salarios, sino que está relacionado con el incremento de la plantilla que será necesario para cumplir con el mandato legal de ajustar la jornada laboral de la plantilla a 1.800 horas anuales, que supondrá un incremento de los actuales 1.100 trabajadores a en torno a 1.600, según los cálculos ofrecidos por el sindicato.
El secretario autonómico de Acción Sindical ha apuntado que los pliegos contemplan importantes mejoras en la distribución y en la organización de las ambulancias, con una nueva estructura, que «redundará positivamente en la ciudadanía extremeña».
Por ello, les «duele sobremanera» comprobar que el incremento que publicita el SES «no es una subida real en todos los servicios» debido a que hay «cientos de errores de cálculo en el pliego que han elaborado».
«La celeridad y la premura de publicar unos pliegos antes de que se firme el convenio colectivo ha llevado a estos errores», que son «garrafales», ha insistido.
«IMPOSICIÓN» DE LA JUNTA
Por su parte, el responsable del área de Empresa Privada de Badajoz, Máximo Blanco Grande, ha criticado el papel que ha venido jugando la Junta durante las negociaciones del convenio colectivo, que más de «mediación», ha sido de «imposición», al intentar «poner sus criterios, dándonos unos porcentajes de subida sobre los que ellos entendían que nos podíamos manejar».
De esta forma, han «intentado usurpar las funciones que la parte sindical y la parte patronal tiene, que es la de la negociación colectiva», motivo por el que ha lamentado que la Administración regional no puso nunca sobre la mesa una cifra respecto al incremento presupuestario previsto, y que finalmente ha resultado ser tan solo dos millones de euros menos que los que recogen los cálculos del sindicato.
Por otro lado, ha dado la bienvenida a la asistencialidad de los Puntos de Atención Continuada, al incluir ambulancias de tipo C, en tanto que «es bueno para los ciudadanos», si bien les «preocupa» que para este tipo de vehículos son necesarias una serie de titulaciones, por lo que desconfían de la situación en la que se pueden encontrar los trabajadores que no las tengan y estén actualmente prestando este servicio.
13 MILLONES RECLAMADOS POR LOS TRABAJADORES
Por último, ha celebrado que en la documentación de los pliegos se han añadido las cantidades que los trabajadores actualmente tienen reclamadas a las empresas que han venido prestando el servicio en los últimos años, por un importe total de 13 millones de euros.
Una cantidad que no refleja el total que han reclamado los trabajadores, puesto que «algunos retiraron las demandas por las presiones de la actual concesionaria».
